PA y PP abandonan la ponencia del Estatuto y hacen peligrar el consenso sobre la reforma

Los andalucistas se desmarcaron y los populares, sin titubear, siguieron la rueda de los representantes del PA que ayer, de forma inesperada, abandonaron la reunión de trabajo de la Ponencia parlamentaria que elabora la reforma del Estatuto andaluz.

Faltan dos semanas para que, según los plazos previstos, este documento se tramite como proposición de ley en la Cámara autonómica. El consenso para su aprobación y envío a las Cortes Generales -previsto para mayo de este año- se antoja complicado.

La sombra de un posible agravio comparativo con el Estatut' catalán ha sido la justificación básica del PA para desentenderse, sine die, de estos trabajos que afrontaban su fase definitiva.

Los parlamentarios Ildefonso Dell' Olmo y Antonio Moreno explicaron las razones de su postura tras abandonar, apenas media hora después de su inicio, la sesión matinal de los ponentes. Los andalucistas, basándose en diversas informaciones publicadas durante el pasado fin de semana, reclamaron a los representantes del PSOE-A que explicaran las supuestas cesiones que habría realizado el Gobierno central al catalán en materias de financiación autonómica y competencias e, incluso, en la polémica inclusión del término nación en el preámbulo del texto catalán.

Dell' Olmo llegó a referirse a entendimientos desconocidos y secretos entre Madrid y Barcelona que supondrían, a su juicio, relegar a Andalucía a un papel subsidiario. El parlamentario advirtió de que su formación sólo volvería a la ponencia si el PSOE les entregaba los presuntos documentos de la negociación entre los gabinetes de Rodríguez Zapatero y Maragall.

Causa común del PP

El Partido Popular no desaprovechó la polvareda levantada por la actitud de los andalucistas y ejecutó lo que, hasta ahora, sólo se había atrevido a amagar: Desatender el debate sobre la reforma del Estatuto. Antonio Sanz, portavoz de esta formación en el Parlamento, se apresuró a matizar que el PP-A no se descolgaba de forma definitiva, sino que pedía un aplazamiento de las reuniones hasta que no se produjera el regreso del PA y, en todo caso, que se abriera un periodo de reflexión para analizar si se daban las circunstancias más idóneas para proseguir con la reforma. Los populares comparten con los andalucistas el temor a que el Estatut dote de un mayor grado competencial a Cataluña que Andalucía. Sanz abundó en las tesis defendidas por la cúpula del PP sobre que la reforma catalana pone en peligro los principios de solidaridad y multilateralidad entre comunidades. Sanz, que acusó al presidente Manuel Chaves de «traicionar» a Andalucía, se desmarcó de las exigencias andalucistas de incluir el término nación en el Estatuto de Andalucía y pidió al PSOE garantía de que el Estatut no dotará a Cataluña de más competencias y ventajas de las que tendrá Andalucía.

Manuel Gracia, portavoz parlamentario del PSOE, no escondió su sorpresa ante la decisión de los miembros del PA y del PP. Una postura que consideró a todas luces injustificada y a la que definió como una burda farsa. «El PA, queriendo o sin querer, le ha servido como coartada al PP cuyo único objetivo es el deseo de Javier Arenas de impedir que la reforma del Estatuto andaluz se apruebe en esta legislatura». Esta frase de Gracia resume la respuesta socialista a la situación provocada por el plante o la levantá -términos acuñados para el incidente por miembros del PSOE e IU-.

El portavoz del PSOE quiso enfatizar la argumentación tanto de andalucistas como de populares que él considera muy endeble. A Dell' Olmo le respondió que ni el presidente Rodríguez Zapatero puede decir al día de hoy como acabará la negociación del Estatut, con lo que difícilmente el PSOE-A podría aportar documentos que, a su entender, no existen. En cuanto a la petición de garantías realizadas por Sanz, Gracia le reclamó que especificase sobre qué, de quién y cómo debían ser esas garantías. Los socialistas entienden que el PP-A ha demostrado que le vale todo a la hora de intentar lograr el objetivo de torpedear el calendario previsto para la aprobación de la reforma.

Margen para rectificar

Concha Caballero y Antonio Romero fueron los encargados de analizar el conflicto desde el punto de vista de Izquierda Unida. Ambos coincidieron en que hay que vigilar de cerca lo que ocurre con el articulado catalán, pero recuerdan que la reforma estatutaria andaluza esta aún en una fase muy inicial y que, durante el debate en el Parlamento, se podría equiparar las posibles competencias de más que obtenga Cataluña en su negociación.

Romero recordó a los andalucistas que ya cometieron un error histórico en materia estatutaria -en alusión al acuerdo firmado con el ex presidente Adolfo Suárez- y que les pasó factura, algo que les podría volver a pasar.