El presidente de la Audiencia de Las Palmas, investigado por tráfico de influencias

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por si son constitutivos de delito unos supuestos hechos, relativos a favores judiciales, que presuntamente cometió en el ejercicio de su cargo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hizo pública hoy la decisión de iniciar diligencias previas de investigación contra el magistrado a raíz de las actuaciones puestas en conocimiento por un juez de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria durante una investigación que lleva sobre tráfico de influencias en la comunidad autónoma.

La resolución contra el magistrado Martín y Martín, que preside la Audiencia de Las Palmas desde el año 2003, fue comunicada por el TSJC al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su servicio de Inspección, que son los encargados de adoptar medidas cautelares contra los jueces.

De hecho, la comisión permanente del CGPJ se reunió esta mañana de forma extraordinaria y decidió pedir al fiscal informe "acerca de la procedencia de hacer efectiva la suspensión provisional" del magistrado.

Los hechos que se investigan, que no han sido revelados por el TSJC, fueron puestos la semana pasada en conocimiento de su Sala de lo Penal por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, Miguel Angel Parramón.

El caso, "secreto"

El caso, que está declarado secreto, ha generado gran preocupación en el colectivo judicial de Las Palmas debido a la gravedad de los supuestos hechos que se le atribuyen al presidente de la Audiencia, a tenor de algunas informaciones publicadas en los medios de comunicación locales, dijo la representante de Jueces para la Democracia en Canarias, Victoria Rossell.

Según el periódico La Provincia, en las presuntas irregularidades que se estudiarán por la Sala de lo Penal se aprecian indicios de varios delitos, entre ellos los de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El caso fue revelado el pasado viernes por el citado diario al publicar que el TSJC había recibido el auto de un juez instructor, que investigaba un caso de supuesto tráfico de influencia, en el que se ponía de manifiesto la existencia de indicios sobre la supuesta implicación de "un magistrado" de la Audiencia de Las Palmas en un asunto de "favores judiciales".

La magistrada elegida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como instructora del asunto es Carla Bellini Domínguez, a quien le ha correspondido el caso por turno, según informó el alto tribunal canario.

Fuentes judiciales criticaron hoy que el auto de apertura de diligencias previas del TSJC, acordado ayer día 17, no se haya dictado con la rapidez necesaria en un asunto tan grave, ya que debió de producirse el mismo día en que el juez Parramón puso los hechos en conocimiento del Tribunal Superior, a finales de la semana pasada.

Cuando se hizo pública esta mañana la apertura de diligencias, el presidente de la Audiencia de Las Palmas se encontraba en Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, celebrando juicios, según fuentes judiciales.

El presidente del TSJC, Antonio Castro, declinó hoy hacer declaraciones sobre las diligencias previas abiertas al presidente de la Audiencia de Las Palmas.

Martín y Martín, que preside la Audiencia de Las Palmas desde el año 2003 y es natural de Santa Cruz de La Palma, es el representante en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura y se presentó por este colectivo en el 2005 como candidato a la presidencia del TSJC.

Como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su sección primera, Martín formó parte del tribunal que en diciembre del 2003 condenó por cohecho al entonces presidente del Cabildo de Lanzarote Dimás Martín por la compra de un voto a un concejal del PP en 1995.

La instructora de la investigación contra el presidente, Carla Bellini, fue elegida por el Parlamento canario a propuesta del PP, y contó con el apoyo de CC, para su designación como miembro de la Sala de lo Civil y Penal.