Batasuna si, Batasuna no

El fiscal general del Estado puede tomar iniciativas sin necesidad obviamente de que el Gobierno se las ordene o autorice, pero lo que el Gobierno le ordena, debe cumplirlo. Está aumentando la iracundia del PP ante el hecho, envuelto en sutiles argumentos jurídicos, de que el presidente Zapatero no lance a Conde Pumpido contra la celebración de una asamblea de Batasuna en Baracaldo el próximo día 21. Pero el asunto está en manos de la Audiencia Nacional, y ayer lo estudió tangencialmente una Sala del Tribunal Supremo, por lo que en cualquier momento podría decidirse judicialmente la prohibición de esa asamblea.

Los partidos nacionalistas y los sectores abertzales, incluso los menos cercanos a la violencia terrorista, vienen poniendo una desmedida esperanza en la celebración de esa asamblea, como si en ella fuera Batasuna a distanciarse de ETA y a exigir a la banda el abandono de las armas. Muchos vascos, al menos, esperaban o esperan que la coalición batasuna modificase el día 21 su imagen filoetarra o intraetarra para mostrarse como una fuerza política sin las ataduras que siguen impidiendo su participación en elecciones, cuando su principal objetivo es presentarse a las municipales del 2007.

Ayer se asomó el consejero vasco de Interior, Javier Balza, a varias emisoras de radio para exponer la tesis de que la prohibición judicial de la asamblea «sería muy negativa y supondría un problema, desde el punto de vista político, y una inconveniencia social». Pero la consejería de Interior acataría y ejecutaría las decisiones que se adopten en el ámbito judicial. Balza, sin embargo, no deposita una ilusión especial en la asamblea, pues de ella espera «poco más de un afianzamiento a los principios de Anoeta», pues la evolución de Batasuna «es más torpe y lenta que la rapidez exigida por la sociedad vasca para dar una solución al conflicto».

Y la opinión de Balza la comparte el PSOE, a cuyo número dos José Blanco le parecía ayer «irrelevante» que la asamblea se celebre o no, pues lo único relevante sería que Batasuna condenase la violencia y exigiera a ETA el fin definitivo de su actividad terrorista. Y en nombre del Gobierno, el portavoz Fernando Moraleda afirmaba que si se produce una decisión judicial, se la respetaría y acataría, «en el mismo compromiso de garante del Estado de Derecho con que este Gobierno persigue y detiene a terroristas». Y sobre la acusación popular de que Zapatero suplica una tregua a ETA, nada de nada.

Según Moraleda, «Rajoy ha perdido el tono vital de la sociedad española, que desea cambios para mejorar y más reformas para progresar», en respuesta a las andanadas que al presidente le dispara el PP, como la de Acebes ayer mismo, a la salida de la magna reunión de la plana mayor popular, espetando a Zapatero que «usted está vulnerando la ley y las resoluciones de los tribunales, algo inasumible en un Estado de Derecho y en una democracia». Lo bueno, dentro de lo malo, de las acusaciones desorbitadas es que acaban anulándose a sí mismas, igual que las descalificaciones del adversario como hábito político, por lo que en estos duelos, que parecen a sangre, no se produce más herida que el hastío social que generan.