La Fiscalía solicita a la Audiencia Nacional que prohíba el congreso de Batasuna

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará hoy al juez Fernando Grande-Marlaska que tome todas las medidas necesarias para impedir que Batasuna celebre el próximo 21 de enero su congreso nacional en Baracaldo (Vizcaya), según consta en el escrito de instrucciones que ayer por la tarde le remitió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

El Ministerio Público dará su apoyo a la prohibición del acto político siempre que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, de forma previa, busque la manera de volver a decretar la suspensión de actividades del partido ilegalizado, tal y como hizo en 2002 su antecesor en el puesto, Baltasar Garzón, dentro del sumario judicial de Batasuna.

Cándido Conde-Pumpido hace esta salvedad porque entiende que en este momento, con Batasuna ilegalizada desde marzo de 2003 por el Tribunal Supremo, no tiene mucho sentido acordar una medida cautelar como la suspensión de actividades, que sólo pretende evitar la reiteración delictiva en el curso de una investigación judicial, cuando la proscripción total acordada en sentencia firme por el alto tribunal ya significó la «muerte legal» de la coalición abertzale, que le imposibilita para actuar como un partido político.

No obstante, si el juez acuerda reiterar la suspensión de actividades -que ya estuvo vigente entre agosto de 2002 y agosto de 2005-, el fiscal aceptará su resolución y su competencia y le propondrá que suspenda el acto de Baracaldo. Lo hará porque, como reconoce la Ley de Partidos -el instrumento que utilizó el Supremo para ilegalizar a Batasuna-, la actuación de este tribunal para la persecución de delitos concretos, pueden producirse en paralelo sobre un mismo sujeto y tener consecuencias independientes.

Los informes policiales

El Ministerio Público, en su informe, mantendrá que el partido ilegalizado tiene suspendidas todas sus actividades políticas, bien por la sentencia del Tribunal Supremo o por la resolución del Juzgado Central de Instrucción 5, por lo que no puede convocar, organizar o celebrar acto de partido alguno.

El escrito explicará que el contenido de los informes que la Guardia Civil y la Policía Nacional entregaron el viernes pasado al juez no dejan lugar a dudas de que la asamblea convocada en Baracaldo es un acto «orgánico» de Batasuna, con el que pretende concluir un proceso de refundación comenzado hace un año en sus asambleas locales, en el que va a designar a su nueva Mesa Nacional (dirección) y en el que quiere presentar de forma pública, ante miles de militantes y simpatizantes, su nuevo proyecto político, con el que intentará concurrir a las próximas elecciones locales de 2007.

El fiscal general señala en sus instrucciones que en los informes policiales existen «indicios numerosos y concluyentes» de que la convocatoria del 21 de enero es un acto «orgánico» de Batasuna. Añade que, en este sentido, es «irrelevante» que los líderes de la ilegalizada Batasuna, con el fin de dificultar la actuación judicial, anuncien que se trata de dos actos distintos: un congreso interno por la mañana y un acto político público por la tarde. Concluye que los dos actos son el mismo y «emanan orgánicamente de la organización ilegal».

Acto judicial

El juez Grande-Marlaska reunirá hoy en su despacho a todas las partes personadas en el sumario de Batasuna, el que sigue su juzgado contra 41 dirigentes históricos de Batasuna por pertenencia a ETA, para celebrar un acto judicial en el que decidirá, de acuerdo al artículo 129 del Código Penal, si vuelve a acordar la suspensión de actividades de la coalición proscrita, para evitar la reiteración delictiva de la formación, que según la investigación forma parte de la banda terrorista.

En la misma comparecencia, y a la vista de los informes policiales y de las alegaciones que presenten las partes, deberá acordar si prohíbe o no el acto político del 21 de enero.

La petición de prohibición del acto que realizará la Fiscalía será respaldada en la reunión por los abogados de las dos acusaciones particulares: la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia (otra asociación de víctimas de ETA). A la vista de la postura anticipada ayer por el Ministerio Público, y de la que publicitaron hace días las otras acusaciones, los únicos en oponerse a la prohibición del congreso de Batasuna serán los abogados defensores de los procesados, que además consideran que el juez no es competente para acordar una nueva suspensión de actividades del partido ilegalizado.

En el caso de que Grande-Marlaska acuerde la prohibición del congreso de Batasuna, el Gobierno vasco no pondrá impedimento alguno para que sus órdenes sean cumplidas por la Ertzaintza. El consejero de Interior, Javier Balza, declaró ayer que no es partidario de la suspensión del acto, pero que su departamento «acatará y tendrá que ejecutar las decisiones que se adopten» en el ámbito de la justicia, en referencia a la decisión que saldrá de la Audiencia Nacional.