Las leyes y el papel de fumar

¿Puede un Gobierno envolver sus decisiones en papel de fumar para que no se apliquen las leyes vigentes? ¿Puede decir que respetará la decisión de la Justicia, pero añadiendo, para que lo oiga el Fiscal General, que la Ley de Partidos sobre cuya base se ilegalizó Batasuna es muy restrictiva? ¿Cabe recordar al poder judicial que ha de tener cuidado en respetar los derechos y libertades individuales, que es tanto como decir que mire hacia otro lado ante la convocatoria de un acto promovido por simpatizantes de un partido ilegalizado por el mismísimo Tribunal Supremo? Evidentemente, ni puede ni cabe ni debe. Tiene que limitarse a que el Ministerio Fiscal, institución constitucional obligada a la defensa de la legalidad actúe, aunque no sea a instancia de parte, según la letra y el espíritu de las leyes. Si el Gobierno cree que una ley es mala, lo que tiene que hacer es llevar al Congreso otra que corrija sus fallos.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 establece que la disolución judicial de un partido obliga al cese inmediato de toda la actividad. Eso no afecta a los derechos individuales de los militantes. Pero esa ley, vigente, establece también que los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica, como la utilización de otro partido ya inscrito en el Registro que continúe la actividad del declarado ilegal, no impedirán la debida aplicación de la ley. ¿Necesita algo más el Fiscal para exigir que la ley se cumpla sin esperar instrucciones del Gobierno ni pasar por la vergüenza de que el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo le pida, como hizo ayer, que estudie la posibilidad de que la Justicia actúe? Tiene que aplicar la ley, olvidarse del papel de fumar y evitar que se celebre algo anunciado para dentro de una semana. Porque es fraudulento lo promueva Batasuna o sus simpatizantes, sea una convocatoria individual o colectiva, llámese congreso o acto, se celebre en lugar cerrado o abierto.