El Gobierno y el cuatripartito pactan las competencias compartidas

El Gobierno, los socios del tripartito catalán y CiU coincidieron en valorar como un paso trascendente para la aprobación de la reforma estatutaria el acuerdo alcanzado ayer sobre las competencias compartidas entre la Generalitat y el Estado que, en la práctica, rompe el blindaje que pretendía el Ejecutivo de Pasqual Maragall. Los negociadores del PSOE y PSC, CiU, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya se reunieron durante cuatro horas en el Congreso en la segunda reunión multilateral sobre el proyecto de Estatuto. Este avance, sin embargo, será insuficiente para cerrar un pacto global antes del 21 de enero como era la intención socialista para que José Luis Rodríguez Zapatero acudiera ese día a la reunión del comité federal con un arreglo bajo el brazo.

Cada portavoz negociador utilizó una metáfora distinta para explicar el acuerdo sobre la tipología de las competencias compartidas, pero todos subrayaron su trascendencia. La socialista Manuela de Madre habló de «la llave» que abre la puerta a la negociación de las competencias; el portavoz de Iniciativa, Joan Herrera, afirmó que «se levanta la piedra que estaba a la entrada del valle de las competencias»; y el nacionalista Josep Antoni Duran Lleida indicó que el acuerdo supone «taponar una de las vías de invasión y usurpación de competencias del Estatuto que el Estado ha venido practicando». Por esta razón, todos los asistentes calificaron la reunión de positiva, aunque también admitieron que los avances con «más lentos» de lo que quisieran.

Artículo 111

El acuerdo modifica la composición del artículo 111 del proyecto, el que blindaba las competencias de la Generalitat compartidas con el Estado. El nuevo texto establece que el Estado no podrá invadir competencias de la Generalitat salvo con leyes. Hasta ahora era frecuente que la Administración central mediante decretos o medidas sin rango legal se inmiscuyera en terrenos que eran potestad de las autonomías. Por ejemplo, una orden gubernamental en materia educativa podía, sin pasar por las Cortes, afectar a las competencias autonómicas en esa materia. Ésta era una de las eternas reivindicaciones de los gobernantes de las comunidades, nacionalistas o no, que veían afectado su autogobierno por disposiciones administrativas del Ejecutivo central.

El artículo reformado precisa que habrá excepciones en «los supuestos que determinen la Constitución y el Estatuto». Esas salvedades, explicó el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se refieren a cuestiones de «sentido común» como, por ejemplo, las circulares del Banco de España o las asignaciones de frecuencias en el espacio radioeléctrico pues sería «absurdo» elaborar leyes cada vez que hubiera una novedad en estas materias.

Pero más allá de las cuestiones jurídicas o técnicas, los negociadores constataron que el trabajo va «bien», aunque «despacio». Duran Lleida explicó que se impone un cambio de metodología porque el sistema de reuniones bilaterales impide avanzar rápido y son más aconsejable los encuentros multilaterales. El republicano Joan Ridao culpó a los socialistas del «poco acierto metodológico», y el portavoz de ICV lamentó que los contactos estén «atrapados en los tiempos y las prisas del PSOE». Rubalcaba se defendió con el argumento de que no es culpa de su partido que se celebren pocas conversaciones a cinco bandas. La formación más reacia a las reuniones multilaterales ha sido CiU.

Sea por lo que sea, va a ser imposible cerrar un acuerdo antes del 21 de enero, el plazo que manejaba Rodríguez Zapatero y otros dirigentes socialistas. Será el segundo pronóstico fallido tras el incumplimiento del anterior vencimiento, fijado para el 27 de diciembre. El representante de CiU dijo «entender el interés» del PSOE en finiquitar cuanto antes el acuerdo, pero consideró que lo relevante no son las fechas sino tener «un buen Estatut». El portavoz de ERC culpó al método de que antes del 21 de enero no vaya a haber un pacto «ni siquiera básico», mientras que el de Iniciativa indicó que un entendimiento global está «lejos» por «el cronómetro» socialista.

Rubalcaba negó en todo momento que hubiera puesto una fecha tope. «No lo he dicho nunca y no me lo habrán oído decir», aseguró. El negociador socialista consideró, de todos modos, que la negociación está «madura» aunque el acuerdo será «complejo» porque requiere una conformidad a «cinco bandas». Todos compartieron la necesidad de abrir una reflexión para buscar un nuevo método para la próxima semana, que será el momento de abordar uno de los asuntos más sensibles de las negociaciones: la definición de Cataluña como nación.

CiU, ERC e ICV dejaron claro en la reunión de ayer que no están dispuestos a renunciar a que la definición de nación figure en el articulado para trasladarla al preámbulo, y dejarla así sin efectos jurídicos. Todo lo que se ha dicho sobre esa supuesta cesión es «falso», aseguro Ridao, y Duran Lleida aclaró que, pese a lo dicho, hasta el momento la definición identitaria de Cataluña no ha estado sobre la mesa ni en reuniones bilaterales ni multilaterales.

Evolución

Entre lo avanzado hasta ahora, existe un acuerdo sobre el traspaso a la Generalitat de las nuevas competencias de consumo, cultura, agricultura, cooperativas, bancos y seguros, asociación y fundaciones. También convinieron la adaptación del texto estatutario a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ese fin, todos los grupos catalanes se reunirán con el Ministerio de Justicia en los próximos días para pactar las enmiendas al proyecto gubernamental. Los desacuerdos también persisten y en materias no menores, como puertos y aeropuertos, cajas de ahorro, inmigración, horarios comerciales y convocatoria de consultas populares, materia que el Gobierno garantizó que no va a ceder.