Bruselas reclama a Endesa que deje fuera a Europa de su «guerrilla» contra la OPA

La Comisión Europea reprochó ayer con dureza a Endesa que intente involucrar a las instituciones europeas en su «guerrilla» contra la oferta de compra que le ha lanzado Gas Natural. La eléctrica reclamó al tribual europeo la paralización inmediata de la operación, por entender que su tramitación en España le pone en serio peligro de sufrir «daños irreparables». La gasista se comprometió a mantener el consejo de la opada hasta junio a cambio de que Luxemburgo no tome medidas cautelares, una propuesta que rechazó el grupo que preside Manuel Pizarro.

Todas las partes implicadas comparecieron ante el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, Bo Vesterdorf, quien afirmó que decidirá «lo antes posible» si la oferta pública de adquisición (OPA) puede seguir su curso o debe ser detenida. Endesa recurrió en noviembre la inhibición de Bruselas respecto a la operación. El Ejecutivo comunitario juzgó que no tenía dimensión europea, es decir, que más de dos tercios del negocio del grupo tienen lugar en España.

«Desesperación»

El recurso, a juicio de la Comisión, tiene «escasísimas o nulas» posibilidades de prosperar. Su representante en la vista, Eric Gippini, recordó que las autoridades de Competencia españolas, italianas y portuguesas también han considerado que la operación no tiene alcance europeo. Por ello, acusó al consejo de administración que dirige Pizarro de actuar por «desesperación» y estar empeñado en demostrar que «tienen que desaparecer 4.000 millones de euros» de sus cuentas españolas.

Vestendorf cuestionó a los representantes del Ejecutivo español acerca del pronunciamiento de José Luis Rodríguez Zapatero a favor aprovechar la OPA para crear empresas energéticas «grandes, fuertes y competitivas». La directora general de Defensa de la Competencia, Nadia Calviño, afirmó que la decisión respetará la libertad de los mercados y añadió que contará con la garantía de estar bajo el «control minucioso» del Tribunal Supremo.

Último cartucho

Endesa se plantó en Luxemburgo con la firme intención de quemar uno de sus últimos cartuchos. Su abogado, James Flint, destacó que el Gobierno español tiene que aprobar, vetar o admitir con condiciones la OPA antes del 5 de febrero y que el dictamen de la Justicia europea sobre su recurso llegará mucho después. Si la tramitación de la operación continúa, argumentó, los accionistas de la eléctrica no tendrán todas las cartas en su mano a la hora de decidir si venden o mantienen sus títulos.

Por contra, mantuvo que la paralización no supondría ningún problema grave ya que, en el peor de los casos, Gas Natural siempre podría volver a presentar la oferta unos meses después. Los procesos judiciales comunitarios tardan en solucionarse una media de 22 meses. Vesterdorf, sin embargo, insinuó que tramitará el caso por el procedimiento de urgencia, con lo que el fallo podría llegar a finales de primavera.

Ante esta situación, el defensor de los intereses de la gasista, Enrique González Díaz, se ofreció a dejar «por escrito» la disponibilidad de Gas Natural a mantener el consejo de administración de Endesa en caso de hacerse con el control de la eléctrica antes del 15 de junio. La propuesta, que fue bien acogida por los ejecutivos europeo y español, recabó el rechazo rotundo de los representantes de la eléctrica. El abogado acusó a la eléctrica de sembrar de «incertidumbres» a sus accionistas con el recurso ante Luxemburgo y de no tener otro objetivo que el de retrasar y entorpecer la operación.

La decisión de Bruselas, defendió su portavoz en la vista, se tomó en función de los «fríos números» y sin mediar presiones políticas. El mayor peligro, al entender de Gippini, es que esta actitud cree un «precedente» que ponga en cuestión el sistema europeo de concentración. A partir de ahora las compañías se podrían embarcar en «frentes comunitarios» para paralizar los intentos de compra que les lancen, avisó preocupado.

En términos similares se manifestó la letrada del Gobierno español, Nuria Diez-Herraz, quien alertó de que se produciría una «quiebra» de la seguridad jurídica si las empresas instrumentalizan las instituciones europeas para buscar el foro que más beneficia a sus intereses. MÁS INFORMACIÓN EN www.lavozdecadiz.com