El Gobierno mueve al fiscal

En el País Vasco continúa la extorsión de ETA a empresarios y entidades, la intimidación callejera de chulitos abertzales a ciudadanos que se caracterizan por su rechazo al nacionalismo es muy frecuente y la necesidad de protección armada o personal de concejales y políticos constitucionalistas muestra que por las calles de Euskadi media sociedad pasea con riesgo o sensación de riesgo.

Pero en medio de esas circunstancias lamentablemente estabilizadas, el ambiente en el País Vasco se estaría desdramatizando, al menos en apariencia, dado el tiempo que la banda etarra lleva sin ocasionar víctimas mortales en sus engarces de atentados, y dado el deshielo en el Parlamento de Vitoria, donde se ha superado la incomunicación entre las dos facciones, nacionalismo y constitucionalismo, reabriéndose el diálogo entre PNV y PSE-PSOE.

Desde que el PSOE ganó las elecciones del 14-M, la esperanza de un fin de la violencia terrorista en Euskadi se ha instalado en el ámbito gubernamental, y en sus bases de apoyo, mientras que en las filas de la oposición se robustecía el escepticismo y la tesis de que a ETA hay que vencerla empleando toda la artillería, sin darle el menor respiro. Y respiro, precisamente, no parece que le esté dando a la banda el Gobierno socialista, si se enumeran las capturas policiales de etarras y el hostigamiento que los dirigentes de ETA perciben ya en todos los países del mundo.

En ese ambiente vasco, Batasuna ha empezado a moverse sin sentirse atada por su ilegalidad, tras su ilegalización, y mostrándose cada vez más ostensiblemente como el brazo político de la banda, que lo será o no, pues hasta ahora no era más que su obediente y sumiso apéndice ciudadano. Y el próximo día 21 quiere celebrar por todo lo alto en Baracaldo una asamblea desde la que señalar a todas las fuerzas políticas, y a los gobiernos francés y español cuál es el camino para la normalización de Euskadi.

Si, como en medios cercanos al Gobierno socialista se intuye, ETA acepta ya que Batasuna se mueva con cierta libertad política, dentro de unos parámetros infranqueables marcados obviamente por la banda, se comprende la curiosidad de muchos observadores por oír lo que la próxima semana pensaba decir Batasuna desde Baracaldo. Pero el hecho de que una organización ilegalizada y por lo tanto inexistente a la luz pública celebre un cónclave, y pretendiendo que sea en olor de multitudes, le parece a mucha gente un desdén sarcástico a la Justicia. Una asociación de víctimas del terrorismo ya ha denunciado la asamblea que pretende celebrar Batasuna, y el juez Grande-Marlasca, que lleva el largo sumario que abrió Baltasar Garzón sobre la implicación de Batasuna en las actividades de las herriko tabernas, ha pedido informes policiales sobre la posibilidad de que Batasuna esté organizando una actividad de carácter político.

El Gobierno de Zapatero no se lava las manos y envía hoy a San Sebastián al fiscal general, Conde Pumpido, para estudiar con los tres fiscales jefes del País Vasco si la organización de la asamblea batasuna excede o no del ejercicio de los derechos individuales de libertad de reunión y de participación política, de cuya defensa parte Conde-Pumpido. La máquina de la Justicia se ha puesto en marcha, y sus decisiones se basarían en los informes que elaboren la Policía y la Guardia Civil. Hay quien desea que estos informes sean contemporizadores y benignos.