Los vecinos de las 505 viviendas se sienten engañados por el alcalde

Lo que muchos se temían y nadie quería, ocurrió. El primer desalojo de las 505 viviendas de la barriada de El Saladillo, aunque sin el propietario en el interior del inmueble, tuvo lugar ayer. El domicilio del secretario de la plataforma vecinal, Antonio Del Río -ingresado en el hospital Punta de Europa- fue precintado ayer por la Policía Local cumpliendo a la orden emitida por un juzgado debido al impago de las casas a la firma Promar.

Desde las 12.30 horas, el bloque 17 de la calle Federico García Lorca fue el lugar de encuentro de vecinos, agentes de la Policía Nacional y medios de comunicación. El 4º piso letra C del citado bloque -en el que a duras penas podían acceder otros inquilinos debido a la presencia de tres agentes- fue sometido a un cambio de cerradura y puerta, aunque ningún mueble se sacó a la calle.

Un nutrido grupo de residentes, que también pueden ser desalojados en los próximos días, asistía al espectáculo entre la indignación y la impotencia. Alguno intentaba llamar la atención de los fotógrafos y cámaras de televisión mostrando pancartas y apelando a la humanidad, pero la orden se llevó a cabo. A partir de ahora, y cuando Del Río abandone el centro sanitario, tendrá diez días para encontrar una solución y evitar quedarse en la calle.

Empujones

El momento de mayor tensión se produjo cuando llegaron dos trabajadores con la puerta que debía sustituir a la que había en el domicilio de Del Río. Los vecinos intentaron evitar la entrada de estos y la Policía tuvo que intervenir. Aunque se produjeron algunos empujones, la cosa no pasó a mayores y todo quedó en gritos y algún que otro insulto a los agentes.

«¿Dónde está el alcalde?», preguntaban muchos de los presentes. Ni Herrera ni tampoco ningún miembro de la Junta de Andalucía -España sólo apareció el 20 de diciembre cuando se inició el proceso- estuvieron en la barriada.

Tan sólo el presidente de la plataforma, Miguel Viñas, el de la AA VV, Antonio Perles y el concejal de IU, Ándres Del Río, se personaron allí intentando, en la medida de lo posible, tranquilizar los ánimos y explicar lo que acontecía a los inquilinos.

La propuesta de Promar, negociada con los políticos, es clara. 300 euros de alquiler al mes y un precio que ronda los 60.000 euros para los que pretendan comprar sus casas.