La Fiscalía abre todos los frentes posibles para impedir la asamblea de Batasuna

La Fiscalía General del Estado, que hasta ahora no había movido un dedo para actuar contra la asamblea nacional que Batasuna pretende celebrar el día 21 en Baracaldo (Vizcaya), movilizó ayer a sus efectivos y abrió todos los frentes jurídicos a su alcance para impedir que se celebre el multitudinario acto, organizado por el partido ilegalizado en 2003 por el Tribunal Supremo.

El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que el miércoles afirmó que su departamento no tenía una opinión formada sobre este asunto, cambió ayer de forma rotunda su planteamiento y dio órdenes para actuar contra la asamblea a sus subordinados en la Audiencia Nacional y a los del Supremo y los del Tribunal Superior del País Vasco.

Conde-Pumpido promovió este cambio un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sorprendiese a todos al dar el primer paso para prohibir la convocatoria de Batasuna, para lo que encargó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que le informen con urgencia de si el partido suspendido por su juzgado ha quebrado la medida cautelar y ha reanudado de forma ilegal su actividad.

Suspendida desde 2002

La actividad de Batasuna fue suspendida el 26 de agosto de 2002 por Baltasar Garzón, el antecesor en el juzgado de Grande-Marlaska, por un plazo de cinco años, dentro del sumario penal que la Audiencia Nacional sigue contra 41 históricos dirigentes de la coalición por pertenencia a ETA.

Por este motivo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, por orden directa de Conde-Pumpido, solicitó ayer a Grande-Marlaska que le traslade «de inmediato» los informes policiales cuando lleguen al juzgado central de instrucción 5, para poder analizarlos y solicitar las medidas que considere necesarias. En este sentido, el fiscal general anticipó que si los informes policiales demuestran que la asamblea es «un acto orgánico» (interno) de la ilegalizada Batasuna pedirá al juez que tome las medidas precisas para prohibirlo.

Por su parte, el Gobierno considera que la legalidad vigente impide a Batasuna celebrar una iniciativa política como la que ha anunciado aunque ayer tanto Rodríguez Zapatero como María Teresa Fernández de la Vega matizaron que la ley no afecta a los derechos individuales de sus antiguos militantes, como el de reunión o manifestación, consignados en la Constitución. Así, el jefe del Ejecutivo y la vicepresidenta admitieron que es un asunto «delicado» y se remitieron a las decisiones de los tribunales aunque el presidente dijo que hay que compatibilizar la «restrictiva Ley de Partidos» con la Carta Magna.

El Ejecutivo, firme

Por un lado, Zapatero indicó que no hay motivo para caer en el alarmismo como tampoco lo hubo cuando el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 17 de abril. «Ahora lo podemos decir: el PCTV no era lo que decían que era, si no Batasuna estaría actuando en el Parlamento y no es así», aseveró.

Paralelamente, Fernández de la Vega fue tajante: «Batasuna es un partido ilegalizado y como tal partido no existe» y, por tanto, «no tiene capacidad jurídica ni la posibilidad de hacer ningún tipo de convocatoria». Otra cosa es, dijo, el derecho de reunión recogido por la Constitución que puede ser ejercido en «actuaciones individuales», pero «no lo pueden hacer en nombre de un partido».

Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, instó al Gobierno a mostrar una «mínima decencia democrática» ante las víctimas del terrorismo para evitar que Batasuna, «una organización terrorista», pueda celebrar su asamblea.