La Fiscalía pide más de 13.000 años de cárcel para el militar argentino Cavallo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer una condena de entre 13.332 y 17.010 años de cárcel para el ex teniente de fragata Ricardo Cavallo, quien será juzgado en los próximos meses como uno de los principales torturadores de la dictadura argentina. Cavallo, apodado 'Serpico', será juzgado en la Audiencia Nacional por su presunta participación en los crímenes del régimen militar, que entre 1976 y 1983 asesinó o hizo desaparecer a unas 30.000 personas, entre ellos 610 españoles.

El abultado número de años de prisión que pide la fiscal Dolores Delgado obedece a que en la calificación se detallan hasta seis tipos distintos de condena, según sea sentenciado por genocidio o lesa humanidad, y si estos delitos se consideran además terroristas.

Además, la pena puede variar si se opta por aplicar al procesado el Código Penal de 1973 ó el vigente de 1995. En cualquier caso, Cavallo, si es condenado, sólo podrá cumplir un máximo de 30 años de cárcel, que es el límite de la legislación española.

Cavallo, que fue extraditado a España desde México después de que le reconociesen varias de sus víctimas, fue uno de los oficiales destinados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro de tortura y eliminación de disidentes. El ex teniente de fragata formó parte del cuadro de oficiales de la ESMA entre 1976 y 1980, período en el que se calcula que pasaron por el centro unos 5.000 detenidos, de los que al menos 255 fueron asesinados o están desaparecidos.

Cavallo es el segundo militar argentino juzgado por la Audiencia Nacional. El primero fue el ex teniente de navío Adolfo Scilingo, que el 19 de abril de 2005 fue condenado a 640 años de cárcel por un delito de crímenes contra la humanidad.

Golpe de Estado

En esta ocasión, la calificación fiscal explicó que la cúpula militar argentina derrocó con un golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, a la presidenta María Estella Martínez de Perón y que desarrolló y ejecutó «un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que reputaba incompatible con su proyecto político y social».

El escrito aclara que los miles de arrestados eran conducidos a centros como la ESMA para interrogarles bajo tortura y «matarlos o mantenerlos secuestrados, consiguiendo con ello una limpieza ideológica, familiar, social, intelectual, sindical, religiosa o incluso étnica parcial, que permitiera cumplir el plan trazado de construir una Nueva Argentina».

La fiscal consideró que las pruebas y testimonios recogidos durante la instrucción judicial, realizada por Baltasar Garzón, demuestran que Cavallo formó parte entre 1976 y 1979 del grupo encargado de realizar «allanamientos, muertes, detenciones, secuestros y apropiaciones de bienes de las víctimas». Entre 1979 y 1980 fue trasladado al grupo de Inteligencia, encargado de las torturas sistemáticas, del lavado de cerebro a los detenidos, y de decidir quién era liberado y quién era asesinado.

En definitiva, Dolores Delgado concluyó que Cavallo aceptó el plan sistemático de eliminación de disidentes, asumió sus objetivos, formó parte de uno de los principales centros de tortura, y participó directamente en el secuestro, tortura y exterminación de los detenidos.