La Audiencia Nacional da el primer paso para impedir la asamblea de Batasuna

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dado el primer paso para impedir la celebración de la asamblea general de Batasuna, con la que la coalición ilegalizada pretende reunir el 21 de enero en Barakaldo a varios miles de militantes para ratificar su nueva línea de actuación política y estratégica, así como sacar de la clandestinidad su proyecto de cara a las próximas elecciones locales.

El magistrado, por iniciativa propia (de oficio), ordenó el martes a la fuerzas de Seguridad que le entreguen antes del viernes un informe detallado en el que le expliquen si Batasuna, partido que tiene suspendidas sus actividades políticas por orden de su juzgado desde 2002 por su presunta integración en ETA, prepara actos públicos.

El objeto del encargo judicial urgente es certificar el hecho de que el partido ilegalizado organiza un congreso político en los próximos días, informar de ello a la Fiscalía y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -partes acusadoras en el sumario penal abierto contra las direcciones históricas de Batasuna- para que remitan al juez sus alegaciones a los informes policiales, y tomar medidas antes del 21 de enero.

La Fiscalía, sin opinión

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que deberá dar al juez su opinión sobre los informes, declaró ayer que la asamblea política que se dispone a realizar Batasuna «no me parece legal y no debe celebrarse», aunque, a reglón seguido, se curó en salud y afirmó que, por supuesto, el sentido final de su informe al juzgado será el que decida el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido dio ayer una contestación más neutra: la Fiscalía aún no tiene formada una opinión.

La respuesta de la AVT al magistrado Grande-Marlaska es mucho más previsible, sobre todo dado que su abogado presentó ayer una denuncia en la que insta a la Fiscalía para que actúe e impida el acto político de Baracaldo.

Grande-Marlaska, actual titular del Juzgado Central 5, heredó hace un año de Baltasar Garzón, al que sustituye, el sumario judicial instruido contra las sucesivas direcciones de Batasuna por un delito de integración en ETA. La actuación más sonada de esta instrucción judicial fue la suspensión de actividades de la coalición abertzale, decretada en 2002 por Garzón, medida que todavía está vigente porque fue dictada por un período de cinco años. El magistrado se adelantó con esta medida al proceso de ilegalización de Batasuna impulsado por el Gobierno.

El procedimiento abierto por la decisión de Grande-Marlaska ha roto la lógica política y judicial que rodeaba la celebración de la asamblea de Batasuna. Hasta hoy toda la iniciativa se encontraba en manos del Gobierno, pues sólo la Fiscalía o la Abogacía del Estado podían instar oficialmente al Supremo a que tomase cartas en el asunto para prohibir el acto, en aplicación de la sentencia de ilegalización de Batasuna. Grande-Marlaska, por el contrario, como juez instructor, es libre de tomar cualquier decisión dentro del sumario una vez que estudie los informes policiales, ya que incluso no tiene obligación de atender a las alegaciones de la Fiscalía ni a las de la AVT.