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La provincia prepara suelo para albergar 65 campos de golf con 55.000 viviendas

Ecologistas en Acción advierte del peligro del uso urbanístico de los proyectos en los próximos 10 años y del incumplimiento de la normativa sobre agua Medio Ambiente ha iniciado una campaña de inspección de los usos hídricos

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Los planes de ordenación urbanística de la provincia prevén unos 65 campos de golf aparejados a 55.000 viviendas en los próximos 10 años, una presión para la que los recursos hídricos de la región no están preparados, según denunció ayer la asociación Ecologistas en Acción. Este colectivo advirtió de que las promotoras utilizan este tipo de instalaciones como «excusa» para el desarrollo urbanístico y afirmó además que sólo tres de los 20 campos que están en funcionamiento se riegan con agua depurada y diez incumplen su declaración de impacto ambiental.

En una primera presentación a los medios de un informe elaborado por la asociación sobre la situación de los campos de golf en Cádiz, el coordinador provincial de Ecologistas en Acción, Antonio Figueroa, sintetizó los principales problemas e impactos de los modelos basados en el golf. Para Figueroa, estas instalaciones producen una contaminación difusa por los productos utilizados para mantenerlas, además de afección a espacios de interés natural y transformación paisajística. También existe descontrol de la Administración en cuanto al incumplimiento de las declaraciones de impacto.

Una de las principales quejas de los ecologistas es el mal uso de los recursos hídricos. Lola Yllescas, responsable de temas de agua de la organización, se muestra rotunda: «Es demencial montar una industria con un recurso del que no disponemos». Yllescas señaló que sólo tres campos se riegan con agua depurada y que únicamente existen cuatro plantas depuradoras en la provincia capaces de suministrar agua para el riego.

Desde Medio Ambiente se argumenta que existen cinco campos que cuentan con los trámites de prevención ambiental, de los que dos usan agua reutilizada mezclada con la recogida de lluvia, otros dos tienen pozos propios y uno tiene un canal de riego. El resto de campos «no necesita estos trámites» por estar en suelo urbano o ser anterior a la ley. También se han presentado ocho proyectos cuyo impacto está aprobado.

La Consejería ha iniciado a finales de 2005 una campaña de inspección sobre el uso del agua en estas instalaciones y recuerda responsabilidad de los consistorios. «Los ayuntamientos tienen que velar porque se cumplan las declaraciones, ya que éstas van adjuntas a la licencia», advierten.

Sin embargo, desde Ecologistas se pinta un panorama bastante negro y se acusa a la iniciativa privada de crear un modelo territorial «difuso». Ponen como ejemplo a Jimena de la Frontera, que ha firmado hasta 24 proyectos urbanísticos para 15 campos. Los ecologistas piden una ley que «desvincule totalmente» este deporte de los desarrollos urbanísticos.