Comprensible alarma social

En los últimos días, diversos sucesos violentos han alarmado a la opinión pública ante lo que pudiera interpretarse como una eclosión cualitativa de la delincuencia más brutal contra las personas y su patrimonio o, simplemente, de una violencia pura y dura que cada vez más frecuentemente salpica a la ciudadanía. El asalto de una banda al chalé de la familia de un conocido empresario de Alicante con sus moradores dentro, que se saldó con dos atracadores muertos; el realizado también en un chalé de Sevilla, el día de Reyes, en el que recibió una brutal paliza el hijo de los dueños; la muerte a tiros del conductor de un vehículo que causó heridas leves a una niña gitana; los tristes sucesos de los asesinatos de la familia de joyeros de Castelldefels, el del joven muerto de un navajazo en una disputa a las puertas de la discoteca de Joy Eslava, o sin ir más lejos, el asesinato de un vigilante de seguridad a manos de su compañero, que posteriormente se suicidó, son la cara más visible de una violencia desmedida a la que la sociedad española no está aún acostumbrada y ante la que el ministro del Interior ha hecho consideraciones que se prestan a cierta confusión.

Es posible que, como dice el máximo responsable de la seguridad, España ofrezca una tasa de criminalidad baja, pues con 49,4 infracciones penales por 1.000 habitantes nuestro país aparece veinte puntos por debajo de la media europea. Pero a la vista está que ese dato no es el reflejo más cierto o completo de la realidad, sobre todo en un país donde las cifras de delitos, faltas, infracciones, detenciones o procedimientos judiciales se miden desde diferentes instancias sin coherencia metodológica. El seguimiento cotidiano de actos delictivos en las ciudades españolas no se corresponde, al menos en lo relativo a la percepción de inseguridad de los ciudadanos, con los datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que habla de un descenso del 7% en los delitos por muerte violenta y del 12% de los procedimientos por robo con fuerza. La población es muy sensible a la acumulación de atentados contra la seguridad ciudadana y si bien las políticas en esta materia no deben guiarse por el impulso o las emociones, las autoridades deben decidir su implementación teniendo también en cuenta la alarma social que estos delitos causan en los ciudadanos y no solamente los fríos cuadros estadísticos. Los vertiginosos cambios que está experimentando el perfil demográfico de España están teniendo igualmente su reflejo en el tipo de delincuencia que ahora debemos soportar, aunque no sea el único causante de este incremento cualitativo de la violencia, y nuestros responsables políticos deberían no caer en el error de aferrarse a unos porcentajes erróneamente tranquilizadores, para ellos.