Inquietud y disciplina

El Gobierno ha actuado con prontitud y buen sentido en el caso del teniente general Mena Aguado, tras las inaceptables expresiones de éste en la celebración de la Pascua Militar. En veinticuatro horas, el incidente ha quedado zanjado con el mayor rigor -nunca en democracia había sido arrestado un teniente general-, después de que la destitución fulminante,fuese propuesta de inmediato por el propio jefe de Estado Mayor de la Defensa, lo que ha demostrado la existencia de mecanismos internos de autocontrol en el propio Ejército. La sanción le ha sido impuesta al general, número dos del Ejército de Tierra, por la flagrante violación del «deber de neutralidad» de los militares «en relación con las diversas opciones políticas», precepto así definido en ley orgánica de 1998. Con toda evidencia, la extemporánea invocación del título VIII de la Constitución por un mando militar en activo ya no ha tenido esta vez las resonancias amenazantes de hace veinticinco años, pero no por ello la veleidad claramente política del general era menos inadmisible.

El asunto, que no merecía otra respuesta que una frialdad casi desdeñosa por lo anacrónico de la irresponsable conducta, ha quedado resuelto, y no tendría sentido que siguiera siendo tema del debate político. Sin embargo, resultaría poco razonable que el incidente no fuese aprovechado para extraer de él las lecciones que contiene. No es difícil de entender que la extralimitación del militar no se hubiera producido si no existiera en el seno del estamento castrense, como en toda la sociedad civil, una especial preocupación por el debate territorial que está teniendo lugar. Un debate que, aunque constreñido por el Estado de Derecho y los propios límites constitucionales, ha permitido la circulación de ideas y conceptos perturbadores y disolventes. No es grato para nadie, por ejemplo, ver cómo se cuestionan los valores solidarios y equitativos del sistema político que hemos abrazado democráticamente.

Es un hecho que la preocupación existe, y por si hubiera dudas, las sucesivas intervenciones del Jefe del Estado así lo acreditan. Por tres veces en el último mes y medio, el Monarca ha apelado en sus mensajes institucionales a la recuperación del consenso fundacional de 1978 que permitió alumbrar la Constitución, así como al retorno de los creativos hábitos del diálogo y la reconciliación sincera para que lo mucho conseguido hasta aquí no se dilapide. La Corona, que siempre ha ejercido con tanta prudencia como decisión las funciones de arbitraje y moderación institucional que la Carta Magna le encomienda, está evidentemente tratando de ejercer una labora pedagógica que, según van revelando los acontecimientos, nada tiene de retórica.

La democracia española está plenamente arraigada, es sólida y capaz por tanto de resistir todos los embates. Pero no por ello es menos peligroso ni menos destructivo que el debate político haya alcanzado una fuerte tensión ni que se hayan roto todos los grandes pactos de Estado. En estas circunstancias, determinados incidentes han de ser entendidos como la prueba de que éste no es el buen camino.