Tribunales y Consejos politizados

Cuando la economía va mal los políticos privatizan las empresas que otros políticos nacionalizaron años antes porque las cosas también iban mal. Pero como no se resignan a hurgar en la economía, ni a prescindir de los jugosos cargos que las empresas públicas proporcionan a los partidos, cuando privatizan cometen dos crímenes de lesa «incompetencia»: primero se reservan una acción de oro, que les permite decidir lo que tiene que hacer la empresa privatizada; segundo crean lo que eufemísticamente denominan un «regulador», que no regula sino que impone, y un «Tribunal» sin que ninguno de sus miembros sea juez. Y en ese regulador y ese Tribunal colocan a simpatizantes que no se opondrán a su empeño de seguir mandando.

Para no dejar ningún fleco al control de las empresas del Estado, que los gobernantes venden a los particulares para tapar agujeros, añaden otras dos ignominias: regulan los precios y crean un Consejo sectorial (Energía, Telecomunicaciones, etc.) en el que sientan a devotos de la ideología que en ese momento esté en el poder, cuyo asesoramiento, como es obvio se limita a decir: «A sus órdenes». Y, por si acaso, se reservan una última carta marcada: el «consejo» del Consejo y la «sentencia» del Tribunal no son vinculantes.

No hay que escandalizarse: pasa en todo el mundo. Pero cuando nos pilla más cerca nos indigna. No debería extrañarnos, pues, que ayer el Tribunal de Defensa de la Competencia, designado en tiempos del PP, pidiese al Gobierno del PSOE que rechace la OPA de Gas Natural sobre Endesa cuando el Consejo Nacional de la Energía, nombrado bajo el mandato del PSOE, la autorizó días antes con algunas condiciones. ¿Y ahora qué hace el Gobierno? Hará lo que le dé la gana, claro. Pero si hace caso a los miembros del Consejo estará propalando que los del Tribunal son unos incompetentes y si hace lo contrario pondrá en ridículo a los que él mismo nombró para que defendieran sus intereses. Siento amargarles el día, pero es así.