Editorial

Pisos en alza

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Según la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda sigue subiendo de manera rápida y aunque una cosa es la tasación y otra el valor real de mercado, las cifras que se han presentado esta semana no son en absoluto halagüeñas. El precio de las casas nuevas en este año que acaba de terminar ha subido un 10%; es decir, el triple que el resto de los bienes y servicios finales, especialmente en las capitales de provincia. Y a pesar de la desaceleración en el incremento -el año anterior creció al 14%- el dato no es bueno para la economía española porque el precio de la vivienda tiene un impacto ramificado sobre casi todo el sistema económico. Entre otras muchas cosas, un tirón en el precio de la vivienda disminuye la capacidad de compra, absorbe recursos financieros que podrían tener otro fin, repercute sobre la movilidad laboral, enrarece las pautas demográficas y altera el crecimiento urbano; y todo esto no puede sino dificultar el crecimiento económico.

Las alzas acumuladas durante las últimas dos décadas hacen que una casa se venda hoy en día al doble de precio de 1985. Sin embargo, esta cifra esconde la caída del precio de la financiación y el perfeccionamiento y competencia en los mercados hipotecarios que han empujado la demanda de pisos nuevos a niveles desconocidos. Así, la caída de los tipos de interés no ha sido el único factor; los cambios demográficos (inmigración, formación de nuevos hogares a partir de divorcios), las compras por extranjeros y el aumento del empleo han contribuido también a incrementar la demanda de viviendas, mientras que la oferta se encuentra lastrada por mil impuestos y restricciones, y en especial, las restrictivas leyes del suelo que ceden a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la facultad de decidir qué es y qué no es suelo urbanizable. En estas condiciones, el único camino que pueden seguir los precios es hacia arriba, por lo que el incremento de precios hecho público hoy debería hacer que los responsables públicos tomasen buena nota de su poca capacidad para ponerle remedio a la escasez -y altos precios- en el mercado de la vivienda. En lugar de más planes y distorsiones sería bueno que, de una vez por todas, los responsable políticos se decidiesen a cambiar las normas que regulan el suelo. Mientras eso no ocurra, la alta demanda de viviendas seguirá sirviendo para mantener la ficción que tanto gusta a los políticos locales y según la cual los Ayuntamientos pueden seguir gastando alegremente sin subir los impuestos a sus vecinos. Y así seguiremos irremediablemente teniendo un suelo caro en un país en el que, en general, sobra.