Las pruebas de ADN permiten a la policía detener a autores de la violencia callejera

El 24 de octubre del año 2002, el etarra Orkatz Gallastegi se encontraba detenido en los calabozos de una comisaría de la Ertzaintza y pidió ir al baño. En cuanto le abrieron la celda escupió al suelo. El esputo marcó un antes y un después en la lucha antiterrorista.

Gallastegi fue condenado a seis años por esa prueba. Y por la misma se le anuló una pena de ocho años de prisión. Esta paradójica situación tiene su origen en la decisión tomada por parte de la Ertzaintza de explorar al máximo la utilización del ADN en las indagaciones contra la denominada 'kale borroka', yendo en muchos casos por delante de la práctica jurídica y poniendo en marcha novedosos sistemas de investigación.

Recursos policiales

La Ertzaintza decidió emplear el ADN a partir del año 2000, ya que algunas de las medidas puestas en marcha para combatirla, como los planes de videovigilancia, no estaban resultando. En ese contexto, la Policía Autonómica vasca decidió idear un sistema de investigación a partir de las evidencias recogidas.

A este respecto, la Policía vasca preparó un sistema que suponía el control de los sospechosos para conseguir muestras de ADN. A lo largo de 2002 la Ertzaintza comenzó a practicar redadas basadas en estas investigaciones, dando excelentes resultados. Sin embargo, la justicia declaró las pruebas de ADN de Gallestegui ilícitas, por haberse contraido sin autorización judicial, frenando los demás recursos.

Sin embargo, en octubre del pasado año 2005 el Tribunal Supremo dio un giro en su decisión, y resolvió que no era necesaria la autorización judicial para conseguir estas pruebas. Se abrió una nueva vía en la lucha antiterrorista.