Crisis de ansiedad

EL exconsejero de la Junta Antonio Fernández, aquel jerezano bonachón en cuya empresa figuraba como beneficiario de un ERE desde el día de su nacimiento, compareció ayer en el Parlamento de Andalucía para declarar ante la comisión de investigación de los cursos de formación, ante la cual expuso la más epatante versión de los hechos desplegada hasta la fecha: el fraude no existe, lo que ocurrió es que a los interventores de la Junta les dio un ataque de ansiedad tras el escándalo de los ERE y se pusieron nerviosos. «Todo es un bluf», concluyó el extitular de Empleo. Y no es difícil de imaginar a algunos de los integrantes de la comisión asintiendo sus palabras.

Fernández no se inventa nada; su versión cuadra con la percepción clemente que en los cuadros políticos de la Junta de Andalucía se ha empezado a esgrimir en los últimos meses sobre los escándalos de corrupción. En los años de travesía por el mar embravecido que supuso la instrucción de Mercedes Alaya la consigna era sálvase quien pueda, y los responsables políticos se afanaban por culpar a los mandos intermedios de los desmanes. El reto era demostrar que el fraude milmillonario de los ERE se coció en la trastienda de la administración, donde Guerrero y compañía repartieron dádivas a escondidas del alto mando socialista: la teoría de los cuatro golfos, ya saben. Pero desde que la ficha de Alaya desapareció del tablero judicial la situación ha cambiado, y los exdirigentes de la Junta afectados por los escándalos han dejado de estar a la defensiva para asumir un discurso negacionista. La táctica en el entorno del PSOE ya no es salvar el culo, sino cuestionar el fraude.

En este contexto, la desahogada teoría de Antonio Fernández sobre los cursos de formación no hace sino ahormar de forma tosca esta nueva retórica. Tras años de angustia, el viento sopla ahora a favor de los exaltos cargos de la Junta, que ven como los casos de los ERE van prescribiendo mientras la juez Bolaños tramita sin premura. El caso de la formación se subdivide en varios juzgados mientras que la comisión parlamentaria se delata como un instrumento político gestionado de forma partidista. Con este panorama, lo grave no es que Fernández niegue el fraude de los cursos de formación —un escandaloso fraude realizado, una vez más, con el dinero destinado a erradicar el paro—, sino que ni siquiera fuera amonestado verbalmente en la mismísima comisión de investigación creada para buscar la verdad de este asunto. Veremos a ver si las conclusiones de la comisión no acaban otorgando alguna credibilidad a la teoría de que todo es un bluf provocado por los nervios de unos funcionarios aterrorizados por la sombra de Mercedes Alaya. Y si al final el PSOE no acaba señalando a la brava magistrada sevillana y su celo investigador como culpable del entuerto. Si llegamos a eso, a mi sí que me daría una crisis de ansiedad.