Andalucía, fábrica de votos

El final de la instrucción de la rama política del Caso ERE ha puesto en palmaria evidencia más de veinte años de clientelismo político en Andalucía. La transcripción de unas cintas que avanzó ABC el 31 de marzo de 2009 desembocó en la revelación de un sistema de poder basado en el tráfico de favores y el reparto discrecional de fondos para ganar apoyos. Una tupida red de clientelismo político, según Alaya, que los informes policiales definen como «una fábrica de compra de votos». Pero el Caso ERE que va a sentar en el banquillo a dos ex presidentes y a seis ex consejeros sólo es una rama del tronco de corrupción política que tiene a treinta juzgados investigando el uso de 4.300 millones de euros de fondos públicos gestionados por la Junta de Andalucía. Mercasevilla, Invercaria, Bahía, cursos de formación y Eres no son más que eslabones de una misma cadena. Este sistema ilegal de malversación de fondos ha contribuido a sostener al PSOE al mando de la Junta y su administración paralela. El precio ha sido altísimo: consolidar a Andalucía en el furgón de cola de las estadísticas de convergencia.

El millonario fraude, que ha llevado ya a tres distintos jueces a sacar las mismas conclusiones sobre la ilegalidad del sistema piramidal orquestado, no ha servido para que ni la Junta ni el PSOE hagan autocrítica. Siguen erre que erre convencidos de la inocencia de los encausados. Es más, todos a una han coincidido en destacar la honradez personal de los altos cargos procesados porque no se han guardado un euro en sus bolsillos. En realidad la defensa numantina que el PSOE hace de sus principales dirigentes andaluces es una confesión de culpa. Nadie ha acusado a Chaves o Griñán de llevarse el dinero sino de permitir, con su acción u omisión, que se pusiera en marcha un sistema de saqueo de fondos públicos. Por tanto los que se agarran a la cuestión de la honradez personal justifican con sus declaraciones el despilfarro y la malversación del dinero de los andaluces, que alguna disculpa merecen.

Las consecuencias sociales, económicas y de imagen de este proceso a la nomenclatura socialista que gobernó a Andalucía durante veinte años son fatales. No sólo se han agravado las tasas de desempleo y pobreza entre los andaluces sino que se ha deteriorado la imagen exterior de la comunidad hasta extremos insoportables. Contraponer el fraude andaluz a la corrupción de políticos de otras comunidades que se han enriquecido es un triste recurso exculpatorio que no sirve de nada. Sólo la voluntad cierta de hacer tabla rasa y romper de verdad con el pasado puede llevar a Andalucía a regenerarse y tener una nueva oportunidad.

@aybarrapacheco