El ultimátum de Ciudadanos

Esta semana se cumple el plazo dado a la Junta por el primer responsable de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, para que se aborde la reforma del controvertido Impuesto de Sucesiones. El ultimátum de Marín, que no es el primero que da sobre idéntica materia, tiene como contrapartida la negociación de los presupuestos de la comunidad para 2018. Si no hay un compromiso directo y claro de reforma del actual Impuesto no hay pacto para sacar adelante las cuentas, lo que colocaría a Susana Díaz ante la disyuntiva de prorrogarlas o adelantar las elecciones.

Aunque Ciudadanos en Andalucía nos tiene acostumbrados a desandar los pasos que avanza sin dar demasiadas explicaciones, esta vez el envite parece que va en serio, o sea, que puede que hasta esté pactado. La presidenta de la Junta, que mandará a negociar a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, no tiene mayoría suficiente para aprobar los presupuestos en un momento clave, tanto por las necesidades financieras de Andalucía como por ser el año previo a las autonómicas. Juan Marín, que en su día apoyó en el Parlamento para después rechazar la propuesta de Juanma Moreno de bonificar al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones para igualarlo al de Madrid, tampoco va a mantener un excesivo nivel de exigencia.

De lo anterior se deduce que el llamado por la presidenta «impuesto de los ricos» tenga los días contados al menos en su actual modelo. Bonificarlo al nivel de Madrid como pretende el PP sería sin duda muy beneficioso para la economía andaluza pero entre otras cosas dejaría sin cometido práctico a la Agencia Tributaria de Andalucía, tal y como apuntaba ayer en ABC Luis Montoto en un artículo imprescindible. ¿A qué se van a dedicar entonces los funcionarios, que superaron una dura oposición, y empleados de la agencia regional de Hacienda? ¿A lo que se dedican los de la Agencia de Obras Públicas, que siguen siendo los mismos que en los tiempos del «boom» inmobiliario pero sin apenas obras? Toda esta polémica debe zanjarse antes siquiera de que se suscite. Los 300 millones anuales que se recaudan por herencias y donaciones no compensan poner al borde de la quiebra la legislatura, máxime cuando a la vez se reclama más financiación al Estado para mantener los principales servicios públicos.

@aybarrapacheco