El testigo protegido

La comisión de investigación parlamentaria sobre el caso de los cursos de formación en Andalucía no va a esclarecer el fondo del asunto, como era de esperar. Pero al menos su desarrollo va a servir para constatar que el descontrol administrativo de nuestras instituciones autonómicas era el caldo de cultivo ideal para propiciar todo tipo de fraudes y, también, que la lucha sin cuartel decretada desde la Junta contra la corrupción es una pose que tiene poco que ver con la realidad. Al menos ahora sabemos a que atenernos.

Lo del descontrol administrativo es la cantinela habitual de los delegados de la Consejería de Empleo que desfilan en estos días por la comisión. Ninguno advirtió que se cometiera delito en el despilfarro millonario de los fondos públicos investigados, aunque todos hablan de errores administrativos continuados que hacían poco menos que imposible el debido control sobre los mismos. A la versión de los delegados viene a unirse el coro de los presuntos implicados. En este último caso unos dan la callada por respuesta y otros responden con desplantes y chulería a las preguntas de los diputados. No es extraño que se envalentonen al escuchar a los diputados socialistas, que se muestran mucho más inquisitivos con los testigos y denunciantes que con los presuntos defraudadores. Tampoco les debe desanimar la negativa de la Junta a enviar los informes requeridos por la comisión, algunos de los cuales han desaparecido. O sea, fraude sobre fraude, como en las películas de la Mafia.

En este ambiente tiene especial valor la declaración el pasado viernes del testigo protegido Teodoro Montes, un funcionario del Servicio de Formación de la Junta que lleva años denunciando en solitario el millonario latrocinio. Teodoro Montes ha aportado a la comisión su testimonio concreto sobre cursos fantasmas pagados como si se hubieran hecho, expedientes destruidos para no dejar rastro, irregularidades flagrantes ante las que los jefes hacían la vista gorda, etcétera. Particularmente duro ha sido el testigo protegido con los agentes sociales, «que hacían lo que les daba la gana» en lo que ha calificado como «negocio del siglo de la Junta». A Teodoro Montes, que ha vuelto a su puesto de funcionario tras ganar una demanda por acoso laboral, le han tratado los diputados socialistas con la agresividad que se han guardado con los presuntos delincuentes. Es posible que Teodoro Montes sea sólo un quijote que acabe sucumbiendo ante los molinos de viento. Pero su honestidad y su valentía personal son lo único que nos congratula en esta sórdida historia de cómo algunos desaprensivos se han enriquecido con el dinero de los parados ante la inacción de la Junta.

@aybarrapacheco