CARDO MÁXIMO
¿Quién paga aquí?
Por qué es positivo que los chavales monten en autobús al precio que sea con tal de que no lo paguen
Los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Sevilla han hecho gran alarde de la aprobación en el pleno municipal del pasado viernes de la tarjeta (de pago) para que los niños menores de doce años monten gratis en el autobús. Se trata, a qué negarlo, de uno de esos triunfos facilones a los que tan dados son nuestros gobernantes porque basta con una firma para su entrada en vigor. Una firma y la porrada de euros que van detrás, pero de eso ya nadie se quiere acordar. En concreto, 690.000 euros en los que se ha presupuestado la medida a ojo de buen cubero. Por supuesto que esa cantidad es ínfima en comparación con los cien millones de presupuesto anual que maneja la empresa de transportes públicos sevillana. No se va a descalabrar la cuenta de resultados porque unos 70.000 niños dejen de pagar su billete. Pero eso mismo pensamos —la decisión la toman nuestros representantes en el consistorio— cuando permitimos que los pensionistas viajaran de balde. Y cuando a los parados les sufragamos el bonobús para que puedan buscar empleo sin que les cueste el transporte colectivo. De acuerdo, pero ¿quién paga aquí? Porque alguien acaba pagando.
Vistas las cuentas desde el lado del contribuyente, no cabe duda de que pagamos usted y yo, querido lector. Las transferencias corrientes del Ayuntamiento —el dinero con que Tussam paga todo el combustible que consume y las nóminas de una cuarta parte de su plantilla, para que se vea de modo gráfico— rondan entre 44 y 47 millones de euros cada año. Pero no vamos a enmendarle la plana financiera a la empresa desde esta columna, entre otras cosas porque esos números marean.
Lo que llama la atención es que los mismos grupos de izquierda que batallaron contra la extensión de la gratuidad de los viajes de los pensionistas que universalizó Zoido cuando fue alcalde no hayan esgrimido ahora criterios de renta para exonerar a los niños del billete de autobús. Se ha recurrido al argumento supremo de que así se educa a los pequeños a viajar en transporte público, fin al que hay que consagrar, por lo visto, 700.000 euros como si son 7 millones. Pero, ¿por qué entonces nadie se plantea la educación como usuario que supone pagar por el viaje que se hace? Por qué consideramos positivo que nuestros chavales se acerquen al autobús al precio que sea con tal de que ellos no lo paguen y, en cambio, no estimamos que aprendan a pagar un precio público que les confiere el poder de exigir calidad en el servicio.
Quizá ahí se esconda el truco con que nuestros políticos nos entretienen para que miremos para otro lado mientras ellos deciden por nosotros el destino de nuestros impuestos sin que podamos abrir la boca. El que paga, exige. Qué gran verdad.
