Punto final al chantaje

CON media Cataluña convertida en un «escrache» contra el Estado no dejan de alzarse voces inquiriendo en qué momento se inició el camino de este desencuentro que el 1 de octubre alcanzará su grado de máxima crispación. Todas las teorías, pronunciadas ahora sin el pudor derivado de la corriente de lo políticamente correcto, tienen una base común: la educación. Con la cesión de competencias a las comunidades autónomas en materia educativa comenzó a gestarse el desastre provocado por los profesionales de la deslealtad institucional. Como escribía ayer en estas mismas páginas Ignacio Camacho: «El Estado ha permitido por cobardía, por resignación o por pereza esta desintegración de la pedagogía de la convivencia». Y lo peor es que no se atisba la salida de este endiablado laberinto en el que España se desangra mientras los responsables políticos tratan de quitar hierro al asunto con proclamas que ya no tranquilizan a nadie.

La educación, base de la convivencia, se convirtió desde la restauración democrática en un arma política que las comunidades, especialmente las gobernadas por los nacionalistas, han utilizado para defenestrar al Estado y convertirlo en algo vergonzoso y maligno. Lo del referéndum circense en manos de los antisistemas de la CUP es el resultado final de este mayúsculo despropósito abonado durante décadas y décadas con recursos públicos. Lo contaban la pasada semana los editores de libros de texto: 25 manuales distintos de Ciencias Sociales han coexistido en España durante el curso 2015-16 y hasta las matemáticas, una ciencia supuestamente neutral, ha necesitado de 19 libros distintos para ilustrar a los alumnos españoles de cuarto de Primaria.

¿Y ahora qué...? Soluciones mágicas no hay. El conflicto planteado con el intento de golpe de estado irá creciendo en la calle hasta el 1 de octubre. Y a partir de entonces ni los más optimistas prevén que desaparezca de un plumazo un enfrentamiento civil que se ha construido paso a paso durante más de treinta años. El Pacto Nacional por la Educación, que permanece atascado en alguna subcomisión del Congreso, no pone de acuerdo ni a los partidos constitucionalistas. Y desenmarañar la tupida red normativa que se ha tejido desde los ochenta para blindar las competencias de las comunidades frente al Estado es una tarea que se nos antoja ciclópea. No cabe otro camino que la firmeza que no se ha tenido hasta ahora, la defensa de las leyes que sustentan la democracia liberal y el Estado y no ceder más terreno ante el chantajismo nacionalista y los complejos políticos. Alguna vez tendrá que ser, ¿no?

@aybarrapacheco