Prescripción médica de los ERE

ES muy difícil mantener la fe en un sistema que no garantiza la búsqueda denodada de la justicia. El ciudadano se ha ganado un derecho a la desconfianza que, aunque ellos no sean capaces ahora de asimilarlo, afecta de manera definitiva a la credibilidad de los dirigentes públicos. Los políticos llevan unos años intentando prestigiar su vocación de servicio a los demás y su noble ejercicio de la vida pública, pero no cesan de abonar, con estiércol de toda clase, el descrédito que tienen en la sociedad. La falta de colaboración de la Junta de Andalucía en la investigación de los ERE, que es el caso de corrupción más escandaloso tanto por cifras económicas como por manoseo electoralista del dinero, es un síntoma claro de cómo la política se ha tirado a sí misma por la borda y ha invitado a pensar mal a todo el mundo. Los buenos, los puros, los que vienen de verdad a intentar poner en marcha sus ideas democráticamente, tienen que salir pitando de esta ciénaga si no quieren verse salpicados por la pátina de sospecha que actualmente se aplica a cualquier cargo institucional. Y la culpa no es nuestra, sino suya. Cuando una institución tan importante como la Junta, sostén administrativo y social de Andalucía, le da la espalda a los tribunales para salvar a los suyos, implícitamente se la está dando también a los ciudadanos a los que tiene que servir. Porque si no se esclarece lo que ha ocurrido con el dinero de los parados, ya nadie podrá pisar una alfombra sin que los gobernados tengamos la convicción de que debajo de ella hay basura.

Muchos de los delitos que se investigan en esta trama nauseabunda de uso arbitrario del dinero público con fines partidistas —comprar la paz social es exactamente lo mismo que comprar el voto— han comenzado a prescribir porque, después de una instrucción complejísima por parte de Mercedes Alaya, los expedientes se han quedado dormidos en la mesa del juzgado. Ya fue difícil de entender para cualquier persona media el cambio de juez en este caso, así que no hace falta calificar siquiera lo que supone la prescripción de hechos que ya nunca sabremos si se produjeron o no. Lo cierto es que cuando se echa un ojo a lo que ha pasado con el caso ERE en Andalucía es fácil concluir que la administración pública no ha dado de sí todo lo que podría y debería haber dado para resolver los entresijos de una presunta organización criminal que nos ha defraudado doblemente a los andaluces: porque se ha llevado nuestro dinero y porque no ha aliviado la vergonzosa cifra de paro que sufrimos. Si se analiza con sosiego el devenir judicial de este escándalo, y no digo ya si se compara con otros que afectan a otros partidos, es inevitable pensar que la estafa andaluza es tan endémica, tan intrínseca, que tendremos que seguir viviendo como peleles al antojo de un poder cada vez más imperial y cada vez menos social, pues la prescripción de los delitos de los ERE no parece judicial, sino médica: para la buena salud del régimen.