Otra vara de medir para Andalucía
La Junta debe presentar una enérgica protesta y exigir que la situación de las provincias de Málaga y Granada sea analizada con el mismo criterio que se ha empleado en otras zonas de España
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció ayer las zonas de España que se encuentran en condiciones de pasar a la fase 1 del plan de desescalada y lo hizo en la misma línea en la que ha gestionado toda la crisis del coronavirus: con incoherencia. Mientras que en Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla y León ha analizado pormenorizadamente, con precisión de cirujano, los distritos sanitarios que cumplían los requisitos impuestos, en el caso de Andalucía ha empleado la brocha gorda y ha condenado a dos provincias completas, Málaga y Granada, a permanecer en la fase más dura del confinamiento, a pesar de que algunas zonas de las mismas presentan mejores estadísticas que otras áreas de España a las que se les ha autorizado el cambio de nivel. La decisión es particularmente grave porque se trata de dos motores económicos de la comunidad autónoma y dos provincias clave para la reactivación del turismo, condenado en esta temporada a adaptarse cuanto antes al mercado interior.
La decisión gubernamental supone un agravio a Andalucía que va a perjudicar gravemente a decenas de miles de andaluces. El cambio de metodología respecto a otras autonomías no tiene justificación alguna y es inevitable intuir tras él una intencionalidad política, la de erosionar al Ejecutivo de Juanma Moreno, que ha mantenido durante toda la crisis sanitaria unas estadisticas de incidencia de la pandemia muy inferiores a las de la mayor parte de España. La Junta de Andalucía debe presentar cuanto antes su más enérgica protesta y exigir que la situación de las provincias de Málaga y Granada sea analizada con el mismo criterio que se ha empleado en el resto del país, porque de lo contrario sus habitantes tendrían una consideración de ciudadanos de segunda.
El Gobierno de Pedro Sánchez debe muchas explicaciones a los españoles para aclarar su opaca gestión. Además del incomprensible uso de una doble vara de medir en función del territorio, el Ministerio de Sanidad debe dar a conocer de forma inmediata la composición del comité de expertos que está dirimiendo estas decisiones y los criterios técnicos para adoptarlas. Es absolutamente inadmisible en una democracia que los ciudadanos no sepan quién está gestionando sus derechos fundamentales. El Ejecutivo de PSOE y Podemos no sólo adopta graves resoluciones en un marco legal discutible -son muchos los juristas que sostienen que el estado de alarma no ampara las restricciones al derecho de movimiento y de reunión- sino que lo hace con un oscurantismo propio de regímenes totalitarios. España está en una encrucijada en la que se va a definir su futuro y los españoles no sabemos quién va a decidir el camino a seguir ni los criterios que se aplican.
