Las leyes ideológicas que el PP no ha querido derogar… y la que sí

Uno de los puntos valiosos conseguidos por Vox en el acuerdo de investidura con el PP es el compromiso de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, instrumento de adoctrinamiento en una versión sectaria del acontecer andaluz del período 1931-82 (sí, las tinieblas del fascismo, según la ley, no se disiparon hasta la llegada del PSOE al poder autonómico). La doctrina oficial impuesta por decreto dinamita la reconciliación de la Transición endosando a la derecha la responsabilidad exclusiva de las tragedias del siglo XX, mientras beatifica a la izquierda como paladín de la libertad. La derecha habría sido la única culpable de la Guerra Civil; Franco habría sido un genocida equiparable a Hitler; la izquierda de los 30 habría luchado por la democracia, no por la revolución. El golpe de Estado socialista de octubre de 1934, el pucherazo en las elecciones de febrero de 1936 (documentado por el libro reciente de Alvárez Tardío), las matanzas de católicos en la retaguardia republicana desaparecen por ensalmo de un cuadro histórico hemipléjico.

Además de arrogarse la omnisciencia histórica, la Ley de Memoria instituye una formidable maquinaria dedicada al adoctrinamiento de los andaluces, desde la escuela primaria a los medios de comunicación: establece un «día de homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura» (art. 17.1), pero no a las de las chekas o los quemadores de conventos; promete subvenciones a las «entidades memorialistas» encargadas de mantener encendida la llama del revanchismo (art. 38); instituye con dinero público organismos dedicados al maniqueísmo histórico: Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (art. 40), Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía (art. 45); prescribe un Plan Andaluz de Memoria Democrática (art. 43). Sin desdeñar, como es clásico en la izquierda, el uso de la escuela para el formateo ideológico de los jóvenes: «Se incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la ESO, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas» (art. 47.1). También los medios públicos de comunicación quedan obligados a la difusión de la «memoria democrática» (art. 48).

Las propuestas de Vox -publicadas en un documento de 19 puntos- incluían también la derogación de otras tres normas sectarias: las leyes andaluzas de Igualdad, de Derechos LGTB y de Violencia de Género. El PP se negó en redondo a tocar ninguna de ellas. Vox decidió no hacer de ello una «línea roja», en aras de la responsabilidad de no malograr la oportunidad histórica de acabar con 36 años de régimen del PSOE.

La ley andaluza de Derechos LGTB reitera innecesariamente derechos de los que ya disfrutaban los homosexuales como ciudadanos cualesquiera (por ejemplo, el derecho a la «protección contra cualquier acto de agresión contra la vida o la integridad física», art. 4.d). Como la ley de Memoria, convierte en doctrina oficial todo un corpus de ideas sobre la «diversidad sexogenérica» y la «autodefinición con respecto a su cuerpo, género e identidad sexual» que carecen de fundamento científico y no son compartidas por todos. Y establece un aparato de propaganda similar: reconoce su intención de adoctrinar en «diversidad sexogenérica» desde la infancia: «Se trata con especial atención a las personas menores de edad, con el objetivo de intervenir en edades tempranas en las que se forma la personalidad» (Exposición de Motivos). Ordena la inclusión de contenidos LGTB en las escuelas: se explicará «la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos […] desde la educación infantil» (art. 13.2); incluye en los planes de formación continua del profesorado «una preparación específica en materia de diversidad sexual y familiar» (art. 13.4.f). Prohíbe -amenazando con graves sanciones a los psicólogos- la dispensación de terapia a los homosexuales que libremente desean superar su atracción por personas del mismo sexo (art. 6.2). Crea los consabidos chiringuitos burocrático-propagandísticos: Consejo Andaluz LGTBI (art. 11).

Y me falta ya espacio para analizar en detalle las otras dos leyes ideológicas que Vox desea derogar y el PP y Ciudadanos mantener: la de Violencia de Género (que sería sustituida por una ley de Violencia Intrafamiliar que abarcase todos los supuestos de violencia en el hogar) y la de Igualdad. La primera parte de la premisa de que la agresión del hombre contra la mujer es más grave que la de la mujer contra el hombre o la de cualquiera de ellos contra los niños, y que la única causa de dicha violencia es, no los celos, las drogas o trastornos psíquicos, sino «la cultura machista» y la «discriminación y situación de desigualdad» (art. 1) de la que todavía sería víctima el sexo femenino. Para inculcar dicha idea en la población andaluza, la ley prevé un inmenso dispositivo de propaganda y subvenciones a asociaciones afines. La condición de «víctima de violencia machista» (y, por tanto, la de agresor), puede ser reconocida por los serivicios sociales, sin pasar por tribunales (art. 30). La segunda está dedicada a convencer a la sociedad de que las mujeres siguen oprimidas en Andalucía, y que la Junta debe acudir en su auxilio con medidas de «discriminación positiva» (que lo es negativa para el varón) y «cuotas de género» en diversos ámbitos (vid. arts. 11bis, 12, 15…). Como en el caso de la Memoria o de los «derechos LGTB», una y otra normas no escatiman en inversión masiva de dinero público ni en despliegue de mecanismos adoctrinadores en la educación, los medios de comunicación y la administración en general.