Vacunación: prioridad nacional

Mientras la tercera ola avanza disparando la cifra de contagios y pacientes necesitados de cuidados en la UCI, la reacción de los gobiernos autonómicos, algunos más que otros, por no decir el Gobierno nacional, es la de tomárselo con calma y sobre todo sin planificación excepcional. Resulta difícil de entender para el ciudadano de a pie que en todo este tiempo en el que hemos estado aguardando la llegada de la vacuna no se haya podido preparar una programación para la utilización de todos los recursos públicos y privados disponibles en lo que debiera ser el primer gran empeño colectivo de las administraciones públicas y de la sociedad española.

Igualmente echamos en falta una movilización profesional, esto es, una llamada para estas funciones a todos los colectivos profesionales dispuestos a colaborar. En este mismo espacio he leído que los farmacéuticos se han ofrecido para administrar la vacuna de forma gratuita, sin que su ofrecimiento haya sido atendido a pesar de su preparación y vocación sanitaria y a pesar de la ventaja añadida de contar con una red de oficinas de farmacia cercanas al ciudadano y desde la que se ayudaría seguramente a descongestionar los centros de salud. No creo siquiera que fuera descartable, con el adecuado período de instrucción, comprometer en este gran empeño nacional al Ejército, que tanta experiencia acumula en ayudas humanitarias y campañas de emergencia. Igual podría ocurrir con entidades privadas del sector de las emergencias o de servicios asistenciales.

Sería un error descartar cualquier recurso viable ante esta emergencia nacional, que no sabe de recelos corporativos o de intrusismo profesional. Lo que importa es la adecuada programación de recursos y la colaboración interprofesional. Y no hay tiempo que perder en detenernos en reparos ideológicos ni en considerar lo público como concepto excluyente hasta el extremo de prescindir de cualquier colaboración con el sector privado.

Defender el interés público es prioritario, en efecto, pero prescindir de la ayuda privada por ser privada no es defenderlo sino atacarlo. Del mismo modo, atenerse a los estrictos marcos regulatorios profesionales para evitar el conflicto, en lugar de enfocarse al único y exclusivo objetivo de vacunar más rápida y eficazmente me parece un error de enorme magnitud, imposible de justificar ante los ciudadanos.

No es el momento de banderas ideológicas ni de intereses corporativos. Nadie está hablando de hacer cambios permanentes (quizás ese es el miedo que tienen algunos, que se abran espitas que puedan llegar a convertirse brechas). Es el momento de hacer frente a una situación de urgencia y prioritaria que demanda de toda la inteligencia y todo el músculo posible, sin escatimar ayuda alguna. Esta pandemia no es un conflicto bélico, pero sí es un asunto de Estado, y como tal debería ser abordado.

Una administración sin derecho administrativo o al menos con un derecho administrativo muy flexibilizado. Eso es lo que necesitamos. Por encima de la norma, está la finalidad a la que se orienta, el interés general, y hacia ese interés general deberíamos enfocarnos con todos los recursos disponibles. No se me ocurre nada más importante que deban hacer los poderes públicos en este momento que acelerar la campaña de vacunación contra el covid19, porque cada mes, cada semana, cada día que le ganemos al virus son vidas que salvamos, y también empleos.

Si España no llega al 70% de población vacunada antes del verano, si la inmunidad de grupo no se alcanza en la fecha esperada y si eso ocurre sin haber movilizado todos los recursos disponibles, será imperdonable. España necesita velocidad.

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ROMERO ES SOCIO-DIRECTOR DE CREMADES & CALVO SOTELO