El error núñez
El goteo de quejas de los fiscales y de la propia Audiencia se había convertido ya en el ruido de fondo de las macrocausa
Ha hecho falta que los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla firmen un escrito censurando la labor procesal de la juez María Núñez Bolaños para evidenciar que la crítica a su gestión no responde a la obsesión caprichosa de algunos medios, sino una evidencia jurídica reiterada ... hasta la saciedad por profesionales del Derecho. El goteo de quejas de los fiscales y de la propia Audiencia se había convertido ya en el ruido de fondo de las macrocausas, una rutina inútil incorporada al paisaje cotidiano del juzgado de Instrucción número 6. Los seis fiscales han estado de acuerdo en considerar que era necesario un punto y aparte para forzar la intervención de Madrid en una situación que consideran insostenible. Cuatro años después de la llegada de Núñez Bolaños, la instrucción de las macrocausas ha alcanzado el estatus de escándalo nacional, pero la sucesión de presuntas irregularidades enumeradas por los fiscales no es el problema, sino la consecuencia.
El verdadero escándalo, y pasó relativamente desapercibido, fue la elección de una juez de familia para hacerse cargo de cinco macrocausas que suman un presunto fraude de más de cuatro mil millones de euros. No se trata de cuestionar la calidad profesional de la juez Núñez, cuya trayectoria como juez de familia era intachable; se trata del hecho evidente de que una magistrada experta en litigios matrimoniales no es el perfil adecuado para instruir los mayores escándalos de corrupción que ha conocido la democracia española. Es como si mañana se va Messi del Barça y el club le sustituye por un magnífico jugador de balonmano.
La elección de Núñez fue objetivamente un error, por cuanto unas instrucciones judiciales extremadamente delicadas se ubicaban en unas manos sin experiencia en la materia. La pobreza de los argumentos con los que la magistrada razona sus decisiones -«contradictorios, carentes de fundamento y de toda lógica procesal», según la propia Audiencia de Sevilla- corrobora que la juez de familia no era la persona indicada para ese cometido. Las críticas que Núñez ha recibido de algunos medios de comunicación -éste mismo- no son por tanto un acoso de origen partidista y tintes machistas, como otros medios han tratado de trasladar, sino la legítima censura a un desempeño técnicamente negligente que ha terminado siendo denunciado por los propios fiscales Anticorrupción. Desde un punto de vista jurídico, la designación de Núñez fue un error y se ha demostrado. A partir de ahí, es interpretable si el exconsejero Llera simplemente se equivocó al elegir a la sustituta de Mercedes Alaya o si nombró a una juez de confianza que troceó el caso ERE tal y como pretendía la Junta por otras razones. No sería la primera vez en la historia de España que un error jurídico fuese al mismo tiempo acierto político.
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