Un paso de gigante de los taxistas andaluces para la mejor experiencia de sus usuarios
«El sector del taxi andaluz ha procurado desde el principio de este esfuerzo de mejora regulatoria trasladar a la Junta ideas esenciales como el espíritu de reducción de las cargas burocráticas a los titulares de licencias, así como las medidas orientadas a la incorporación del taxi y compartido y los precios cerrados por anticipado al cliente»
Taxistas y Junta de Andalucía han aprovechado este año pandémico trabajando codo con codo para actualizar y renovar muchas de las normas que regulan los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (Taxi) con el objetivo de modernizar y mejorar, en lo posible, el taxi andaluz para ponerlo a la cabeza de las mejores experiencias de usuario de toda España en este servicio. Los andaluces y nuestros visitantes y turistas lo merecen y a buen seguro servirá de palanca para recuperar la maltrecha economía por culpa, entre otras causas, de la crisis COVID-19.
El sector del taxi andaluz ha procurado desde el principio de este esfuerzo de mejora regulatoria trasladar a la Junta ideas esenciales como el espíritu de reducción de las cargas burocráticas a los titulares de licencias, así como las medidas orientadas a la incorporación del taxi y compartido y los precios cerrados por anticipado al cliente en los servicios precontratados y todas aquellas otras que implican una visión procompetitiva de la actividad para su mejor adaptación a los nuevos tiempos, lo que es necesario en un estado de crisis de demanda como en el que nos encontramos.
Las novedades que incorpora el Reglamento que acaba de ver la luz, suponen en cuanto a la determinación del número de licencias, que estas no se generen artificialmente en las localidades de menos de 50.000 habitantes sin estar supeditadas a un informe favorable de la Junta, de modo que se minimicen definitivamente los casos de especulación o corrupción que propiciaba la anterior normativa, cuando posibilitaba corruptelas públicas que deparaban creación de licencias con fines espurios.
Respecto a los requisitos para la titularidad y obtención de la licencia de taxi, se ha consagrado la regla de una licencia por titular y un titular por licencia, sea éste persona física o jurídica, de modo que, mientras se mantenga el régimen jurídico tributario actual, se consolida la estructura de explotación básicamente unipersonal de la actividad del servicio de taxi como abrumadoramente siempre defendió el taxi andaluz, pudiéndose, además, contratar conductores o colaboradores en todos los casos que precise un titular de licencia.
En relación con las características de los vehículos, por diversas razones -entre las que se encuentra no agravar con renovaciones de flota por obligación la situación económica de los titulares de licencia-, se amplía a 12 años la antigüedad máxima de los vehículos adscritos a la licencia, que es una de las más altas de España. Y respecto a los taxímetros e indicadores exteriores, además de la incorporación de una impresora que ofrezca facturas y detalle del precio y demás datos proporcionados por el taxímetro, se ha conseguido la mayor identificación del taxi con municipio y número de licencia que supone limitar el intrusismo y el control de inspección y vigilancia, a lo que coadyuva la llevanza de un documento que acredite, en su caso, la exención de instalación del aparato taxímetro para determinados taxis rurales, controlando de paso el intrusismo.
Por otro lado, el nuevo Reglamento trae consigo la novedad del servicio de taxi compartido al posibilitar su prestación, con la oportuna regulación municipal que respete las garantías de los usuarios y enfocado a los puntos de mayor generación de demanda, de modo que se potencie la sostenibilidad, eficiencia y ocupación de los vehículos. Además, la nueva normativa accede a que una vez iniciado este tipo de servicios puedan efectuarse posteriores recogidas personas pasajeras en otros términos municipales, siempre que todas ellas tengan un mismo lugar de destino, lo que implica en Andalucía un hito importante avance y modernización del servicio al usuario, que abre muchas posibilidades para servicios a demanda y a empresas.
Pero sin duda alguna, la novedad más importante que contiene la norma y en la que FAAT y Junta han trabajado con más ahínco es la posibilidad de ofrecer precios cerrados a los usuarios con antelación a la ejecución del servicio, y que permitirá cierta flexibilidad de precios, bajo un sistema de tarifas máximas en los servicios precontratados principalmente (pero no exclusivamente) por medios tecnológicos. Este sistema cumple con las exigencias de calidad y demanda de nuestros usuarios y sitúa al taxi andaluz a la cabeza de la versatilidad de servicio en España, y junto con la apertura a todo tipo de medios de pago para el servicio, multiplica las opciones de uso del taxi e incorpora totalmente el servicio a la era digital, acercándolo más a nuestros jóvenes y a la demanda turística y también a los servicios a empresas.
Por último, las facilidades para incorporar un mayor número de vehículos de hasta 9 plazas y que se amplíen las facilidades a los taxis adaptados siempre que cumplan con sus especiales obligaciones de servicio público, completan un nuevo marco regulador que potencia las posibilidades del taxi frente a otras modalidades de transporte, dotándolo de transparencia, usabilidad, seguridad, y modernización a la par que conserva las características identitarias de calidad y prestación personal del servicio de taxi andaluz.
En definitiva, unas nuevas normas que consideramos en su conjunto, todo un avance del que felicitarnos y por el que aportar para un taxi mejor para unos tiempos mejores, que todos esperamos que lleguen en nuestra región y país. El taxi esta en marcha hacia un futuro más sostenible, más tecnológico, más eficiente, seguro y competitivo y con mayor calidad y experiencia del usuario.
Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en Movilidad y Transportes
