Álvaro Ybarra Pacheco, director de ABC de Sevilla
El coraje civil de Alaya
El final de la instrucción de la rama política del Caso ERE es posible gracias a la juez, que contra viento y marea apuntó a los máximos responsables de la Junta como colaboradores necesarios
ÁLVARO Martín, el juez que investiga la rama política del Caso ERE, ultima ya el auto más trascendental del largo y embrollado proceso de instrucción. Previsiblemente este nuevo auto acabará sentando en el banquillo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los dos ex presidentes, y a buena parte de la nomenclatura socialista que dirigió la autonomía andaluza durante 23 de sus 35 años de historia. En total son 51 los ex altos cargos investigados por crear, cebar y desarrollar un sistema ilegal de ayudas para empresas en crisis que favoreció a empresarios y trabajadores de la órbita del PSOE. En total, 855 millones que no se han podido recuperar.
Fuentes judiciales apuntan a que el juez Álvaro Martín asumirá el criterio fijado por el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que acusó a Chaves y Griñán de un delito de prevaricación administrativa por permitir que durante una década se concedieran ayudas a empresas mediante un sistema ilegal ideado para favorecer a los «amigos». El delito de malversación de fondos públicos del que la juez Alaya también vio indicios no será aplicado en el caso de los dos ex presidentes pero sí en el de algunos de los ex altos cargos investigados. La prevaricación administrativa no conlleva penas de cárcel. Si se mantienen los cargos los dos ex presidentes serán inhabilitados para ejercer empleos o cargos públicos por un periodo de entre siete y diez años. Como ambos están jubilados los efectos de la supuesta prevaricación serán nulos, más allá de los perjuicios que la condena causaría a su reputación.
Este punto final de la instrucción de la rama política del Caso ERE, que a muchos les sabrá a poco, ha sido posible, entre otras cosas, gracias al coraje, el trabajo y la constancia de la juez Alaya, quien, contra viento y marea, apuntó desde el principio a los máximos responsables de la Junta como colaboradores necesarios del sistema ilegal de ayudas. A Mercedes Alaya la han presionado, ninguneado y finalmente apartado del caso por atreverse a acusar a la nomenclatura del socialismo andaluz. Pero ahora que tanto el Supremo como el juez Álvaro Martín están a punto de darle buena parte de la razón convendrán conmigo que su coraje civil es digno de todo elogio, sobre todo en una tierra como la nuestra en la que tan pocos se atreven a enfrentarse a los poderes fácticos.
@aybarrapacheco
