Cómo hemos cambiado

La presidenta de Andalucía sacó pecho ayer por el «inmenso cambio» que ha experimentado la región en sus 37 años de autonomía, es decir, en los 37 años de gobiernos del PSOE, que es lo que quería decir Susana Díaz. Inmenso cambio. Bueno, vayamos por partes. Andalucía ha cambiado, faltaría más; si en 37 años no hubiera cambiado sería para tirar al pilón a todos sus gobernantes. Sobre todo después de haber recibido entre 1985 y 2015 unos 80.000 millones de euros —más de trece billones de pesetas— de la Unión Europea al ser considerada como región de objetivo prioritario para Bruselas. Más de 41.000 millones de euros de fondos estructurales y 38.600 millones del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, un maná de fondos públicos para que Andalucía se enganchase al tren de la modernidad.

La pregunta, por tanto, no es si Andalucía ha cambiado, sino si ha cambiado lo que debía. Es evidente que se han mejorado infraestructuras, servicios sanitarios, educativos y equipamientos públicos, pero la transformación estructural pasaba por dos aspectos fundamentales: la reducción del diferencial con el resto de España y la creación de un tejido productivo propio. Casi 40 años y 13 billones de pesetas despues, la comunidad sigue a la cola de todas las estadísticas socioeconómicas europeas y sin músculo empresarial. No llegamos al 70 por ciento de la media comunitaria de PIB per capita, y mantenemos con Extremadura la tasa de paro más alta del continente. Formamos buenos profesionales que, tal y como recogía ayer ABC, tienen que emigrar igual que hacían sus padres en los años 70. Hemos pasado de exportar mano de obra barata a exportar talento cualificado, pero ambas generaciones comparten la impotencia de tener que labrarse un futuro profesional lejos de su tierra.

El mayor cambio que nos deja estos 37 años no es la construcción de universidades —quizás demasiadas—, carreteras u hospitales, que afortunadamente se han construido, faltaría más. La principal aportación de la autonomía es el crecimiento desmedido del sector público, la aparición de un colosal ente administrativo convertido en la principal empresa de Andalucía —con más de 300.000 trabajadores—, pero que no crea riqueza. Un monstruo burocrático cuyos tentáculos llegan hasta el último rincón de la sociedad en su afán de controlarlo todo. La desproporción entre este sector público sobredimensionado y el raquítico sector productivo condena indefectiblemente a los andaluces a la cultura de la subvención, una nueva versión de la antigua dependencia del señorito que pagaba a los que le bailaban el agua y castigaba a los díscolos. El cambio de Andalucía, por tanto, no es tan inmenso como dice su presidenta: ha renovado la piel, pero bajo su aparente modernización late la atávica cultura de la sumisión. Con la diferencia de que los señoritos antes iban a caballo y hoy en coche oficial.