Del caso ERE al fraude de la formación

«Parece que la Junta soy yo. Aquí nadie estaba, nadie sabía. Aquí todo el mundo era tonto y nadie estaba en su puesto...». Con esta retahíla se ha despachado ante los periodistas el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, tras comparecer el jueves ante la juez María Núñez por el Caso ERE. Guerrero, a quién la juez acusa esta vez de dos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por una ayuda concedida a Egmasa, también aclaró a los periodistas que no existe expediente sobre la subvención porque «ha desaparecido toda la documentación de la Dirección General de Trabajo». El desahogo de Guerrero, que lo tiene y mucho, no resta gravedad a la situación en que se encuentra la instrucción del Caso ERE cinco años después: 275 imputados y sin juicio a la vista. Nadie sabía nada.

El que uno de los mayores casos de corrupción registrados en España durante los últimos años se encuentre aún impune va a provocar en los próximos meses que algunos de los delitos prescriban y que haya que reducir hipotéticas condenas por dilaciones indebidas. Al peregrinaje judicial de los aforados por el Supremo y el TSJA hay que sumarle el duelo interno del Juzgado que instruye la compleja causa y los obstáculos que en todo momento la Junta ha puesto al proceso para que lleguemos a la situación actual. Ni un céntimo de los más de 855 millones de euros que la Junta destinó a un procedimiento ilegal para ayudar a empresas en crisis se ha recuperado.

Por si no bastará con el caso ERE está misma semana hemos podido conocer cinco nuevos informes de la Intervención General de la Junta en los que se alerta de que el descontrol de las subvenciones se mantiene en el Caso de los Cursos de Formación como si no hubiera ocurrido nada. El interventor, Adolfo García Fernández, dimitió por «motivos personales» el pasado 28 de diciembre, un mes después de firmar los informes de actuación que delatan las irregularidades. En su escrito pone de manifiesto que hay 21.800 expedientes de ayudas para cursos de formación sin justificar por un importe de más de 700 millones de euros. Por ello, ante el alto riesgo de «menoscabo de fondos públicos», insta « el inicio urgente de los expedientes de reintegro».

Si la corrupción es un factor de desmoralización social que da pie a que surjan movimientos radicales y populistas, la impunidad de los culpables no hace sino reforzar el desprestigio institucional y el desapego político de los ciudadanos. Pero aquí nadie parece darse por enterado. Con escudarse en la corrupción de los adversarios políticos se conforman. Y todo sigue igual.

@aybarrapacheco