ALAYA SANSEACABÓ

ESTA frase pertenece al discurso de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta: «La política económica tiene que estar dirigida a las personas, a su empleo y a su bienestar. En realidad toda la acción de mi gobierno pivota sobre la necesidad de acudir a un auténtico rescate ciudadano». La clave aquí es tratar de definir el concepto «rescate ciudadano». Y en esa aventura sólo pueden hablar los números. A esta hora, si la cosa no ha ido a peor desde ayer, el 42,3 por ciento de la población andaluza se encuentra en riesgo real de pobreza. En los últimos ocho años, la tasa de paro ha pasado del 12,5 al 31 por ciento, nueve puntos por encima de la del resto del país. Si centramos el foco en la población juvenil, el desempleo afecta al 57,6 por ciento, razón por la que el año pasado emigraron al extranjero en busca de trabajo varios miles de jóvenes con titulaciones superiores. La renta media de un hogar andaluz es de 21.332 euros, cinco mil menos que en el resto de España. El gasto por alumno en los colegios públicos de la comunidad es de 5.150 euros al año, un 38 por ciento menos que en Galicia, por ejemplo. La tasa de camas en los hospitales públicos aquí es de 1,8 mientras que la media nacional es de 2,3. Andalucía es la última región española en inversión sanitaria por cada habitante, concretamente 1.004 euros. La tasa de hogares con todos sus miembros en paro es del 22 por ciento. Dicho de otro modo: una de cada cinco familias andaluzas carece de fuente de ingresos más allá de subsidios y ayudas de emergencia.

Frente a esto, la Unión Europea ha destinado ya a nuestra comunidad 8.000 millones de euros en los últimos años. Y por la gatera de los ERE, Invercaria, los fondos de formación o los Jeremie se han repartido en torno a cinco mil millones de manera como mínimo sospechosa. En los ERE, por ejemplo, el dinero supuestamente destinado a paliar el desempleo se distribuyó con la intención de comprar la «paz social» con prejubilaciones que han acarreado el cierre de decenas de empresas, lo que ha culminado en un proceso de desindustrialización que ha convertido a Andalucía en un desierto económico.

¿Qué nos queda para poder hablar de rescate ciudadano? La única garantía de bienestar que puede ofrecerse en un contexto así es la salud democrática. Podríamos soportar ser pobres si al menos gozáramos de un sistema en el que no hay sombra de duda contra las libertades. Por eso es tan desoladora la retirada de la juez Mercedes Alaya de la investigación de los grandes escándalos del gobierno autonómico. Si además de la ruina que nos carcome los andaluces tenemos también que vivir bajo la sospecha de que el poder político lo domina y dirige todo, esto está acabado. Fin. Nada hay más devastador que comprobar que el único rescate ciudadano que se ha producido aquí es el de los señores del régimen. Por eso el final de Alaya, con todos los matices jurídicos que se quieran dar, es un réquiem para una tierra que, cuánto me duele decirlo, sanseacabó.