Acoso judicial
Primero la Fiscalía de Huelva y luego la juez María Núñez han dado sendos pasos para dar carpetazo definitivo al Caso Formación
La Justicia española, acosada por la turba y los políticos demagogos a raíz de la sentencia sobre los abusos sexuales de «La Manada», se ha cubierto de gloria en los últimos días. Antes de que los españoles se enzarzaran en el debate sobre los tecnicismos jurídicos del juicio de Pamplona, primero la Fiscalía de Huelva en una pirueta inesperada y luego la juez María Núñez en su línea de desacreditar la instrucción de Mercedes Alaya han dado sendos pasos para dar carpetazo definitivo al Caso Formación.
El Ministerio Público de Huelva, tras cuatro años de proceso en los que incluso desestimó los recursos de los altos cargos de la Junta acusados, ha rectificado súbitamente y ha solicitado que se paralice y archive la investigación sobre el destino de los fondos destinados a los cursos de formación. Además ha pedido que se deje fuera de toda responsabilidad penal a los implicados en la pieza política del caso.
En el asunto de la juez Núñez llueve sobre mojado. Esta vez ha ordenado la devolución al Ayuntamiento de San Fernando de cientos de expedientes sin investigar desde finales de 2014 sobre cursos impartidos en el Centro para la Formación en Técnicas Industriales. La documentación fue solicitada por la juez Alaya ante la sospecha de graves irregularidades en los cursos concedidos por la Junta a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, que percibieron por ello 33,5 millones de euros.
Estoy seguro de que las masas no se van a echar a la calle en protesta por estas dos últimas decisiones judiciales encaminadas a dar carpetazo al Caso Formación. En este asunto se han despilfarrado, parecer ser que por inocentes errores administrativos, como en los ERE, cientos de millones de fondos públicos destinados a contribuir a la creación de empleo en Andalucía. Está claro que los afectados no despiertan la misma compasión que la víctima de los salvajes de «La Manada», que van a pagar los platos rotos por ellos y por la mala conciencia de los demás. En fin, nada de esto contribuye a reforzar la imagen de ejemplaridad que deberían tener los tribunales, sobre todo ahora que la Justicia se somete a un proceso de acoso y derribo. Pero al menos que quede constancia de lo sucedido.