Abengoa, cuestión de estado

ESPAÑA , por primera vez en su historia, ha liderado durante estos últimos años un sector industrial y tecnológico de gran importancia mundial como es el de las energías renovables. Dicho sector da empleo en nuestro país a 120.000 personas, genera el 1 por ciento del PIB e invierte en I+D el 2,67 de su contribución al PIB, más del doble de la media nacional. España es líder mundial en tecnología solar termoeléctrica, que da empleo a 25.000 personas, la inmensa mayoría en regiones con elevadas tasas de desempleo como Andalucía. España, en definitiva, se ha convertido en exportadora de tecnología, equipo e instalaciones energéticas, alineándose así en la primera línea de los países más desarrollados. Pues bien, todos estos logros se deben en buena parte a Abengoa, paradójicamente instalada en Andalucía, una de las regiones más atrasadas de la Unión Europea. Y todo este bagaje, toda la masa intelectual, la actividad y el empleo creado en torno a la primera multinacional andaluza desde su sede de Palmas Altas, está a punto de desaparecer si en los próximos cuatro meses la banca acreedora no llega a un acuerdo con la compañía.

Pocas veces la crisis de una industria tendrá connotaciones tan claras para convertirse en una cuestión de Estado. Porque la crisis de Abengoa no es sólo un problema de Sevilla o de Andalucía, que lo es y de la máxima gravedad. Es un problema de España. Sobre todo si se tiene en cuenta de que uno de los factores que han contribuido a hundir a la compañía andaluza, además de los excesivos riesgos contraídos y de los errores de gestión, ha sido la reforma energética aprobada por el Gobierno. El actual Ejecutivo cambió las reglas del juego establecidas para las energías renovables a mitad del partido, cuando las inversiones estaban hechas, lo cual bajó el coste del consumo energético y favoreció el interés general de los españoles pero a costa de causar graves perjuicios a los que habían comprometido su capital en base a la legislación vigente.

Esta indeseable situación, sobre todo para las cientos de familias que ven peligrar su empleo, se produce justo cuando desde la Junta se pretende retomar la apuesta por la industria como estrategia para desarrollar Andalucía. Precisamente hoy publicamos con ABC la sexta edición de nuestro suplemento de I+D+i en el que se recogen opiniones e iniciativas que demuestran que la innovación aplicada a los sectores emergentes es la única posibilidad que tiene nuestra tierra para dejar de ser el farolillo rojo de la Unión Europea. Naturalmente no se puede obligar a los acreedores a dejar de luchar por sus legítimos intereses. Pero esta vez si que es de una claridad meridiana que el interés general debe forzar el acuerdo y dar salida a la crisis de la principal compañía andaluza.

@aybarrapacheco