Prácticas bancarias

No pretendo dar el lunes a nadie ni aportar más agobio del que ya trae el inicio de semana por sí solo. Particularmente, no tiene tampoco razón de preocuparse por perder esta «oportunidad». Los gastos indebidamente cobrados (según la última interpretación de las Supremas y brillantes Señorías de este país) pueden suponer, de media, entre mil quinientos y dos mil euros. Evidentemente, es dinero. Y duele más cuando te lo han birlado ilícitamente. Pero si hasta hoy no constituían una cuestión que le quitara el sueño, no es legítimo que, ahora, sea usted quien se lo prive a su abogado de cabecera con unas urgencias impropias.

Otra cosa, bien distinta, sería que los gastos hipotecarios reclamables fueran, al ciento por ciento, todos los correspondientes a las gestiones que al banco -y solo a él- le interesaba colarle en la escritura, ese arcano incomprensible sobre el que su supuesto compadre de la sucursal de turno le decía que no se preocupara y que era leída por el notario de salto en salto mientras usted aguantaba el tipo pensando en lo único legítimo de ese momento: cómo amueblar el cuarto de sus niños y rezar porque la vida no le falle para que algún signatario bancario venerado por altos jueces -y bajos políticos- pueda seguir disfrutando de su yate privado.

Hubo un primer atisbo de decencia «Suprema», cuando se afirmó que el coste del impuesto de transmisiones (un pico importante, rondando los cuatro mil euros de media) debían ser devueltos al cliente. Pero el romance duró poco. Muchos suponemos que tras aquella determinación decayeron las invitaciones a congresos, ponencias y gañotes varios, pero no deja de ser una elucubración sin base alguna. El dato cierto es que muy pronto (demasiado) volvió a corregirse el criterio y se cascó al hipotecante con ese gasto «conforme a Ley».

Así que -reitero: por ahora- les queda solo un día para reclamar que le devuelvan el equivalente a dos ó tres meses de hipoteca. Si todo va como ha ido hasta ahora, tardará una media de dos años en cobrarlo. Y el problema no es que la Justicia vaya lenta, sino desacompasada. En ese lapso de tiempo, pueden variar las normativas, los criterios, las interpretaciones de la Ley, los cambios de planta judicial o dictarse nuevas recomendaciones europeas en vaya usted a saber cuántas veces y su reclamación quedará en una suerte de limbo hasta que le toque el turno. Porque no crea que, aunque todo lo anterior sople a favor del consumidor, su amigo del banco (aquel director, interventor o cajero con ínfulas que le llevó de la mano para darle la solución a sus angustias y fatiguitas y le decía, sonriente, «firma aquí y te lo arreglo, no te preocupes») vaya a hacer nada por adelantar el expediente.

Su «banco de confianza» se aprovechará de la desastrosa administración de Justicia y, aunque se allane a la demanda, reconociendo a regañadientes que tiene usted razón, aguardará a que pasen esos dos años y algunos meses más (tiempo que tardará el juez en dictar sentencia y el secretario judicial en ordenar la ejecución de la misma) para devolverle lo que nunca debieron quitarle.

Juegan con nosotros porque su suerte, la de usted y la mía, les importa bien poco, porque disparan con pólvora del Rey, tienen las arcas llenas del dinero del que se han apropiado ilegítimamente durante tantos años de malas prácticas y, además, quedaron resanados con el millonario rescate (más de cien mil millones de euros), trincados de nuestros impuestos para que no se hundiera ninguna barca pirata y que no han sido devueltos a este país, tan ejemplar en el funcionamiento de sus servicios públicos.

Otro gallo cantaría si la responsabilidad por mala práctica se aplicara personalmente a quien originó el perjuicio al ciudadano (el operario bancario encargado del expediente, el funcionario indolente o el político cuyo préstamo hubiera resultado milagrosamente condonado). En ese caso, no sería usted quien tuviera que preocuparse por el tic-toc del calendario.