Editorial
Una operación de alto riesgo
PP y Vox debieran fijar con responsabilidad y altura de miras las prioridades de Extremadura, pero la incertidumbre que supone repetir las elecciones no parece la mejor solución
Las negociaciones en Extremadura entre el Partido Popular y Vox parecen abocar a esta comunidad autónoma a la celebración de nuevas elecciones. La falta de entendimiento entre ambas formaciones propició ayer que el PSOE obtuviera la Presidencia de la Asamblea de Extremadura, después de que tanto el PP como Vox decidieran votarse a sí mismos, mientras que los socialistas pudieron incorporar los votos de Unidas por Extremadura. Esta votación sirvió para escenificar un desencuentro anunciado entre las derechas que, en el caso de que no se resuelva, precipitará unas nuevas elecciones con el riesgo que conlleva la incertidumbre de su resultado, lo que pondría en cuestión el recambio político en la región.
Lo sucedido, sin embargo, no debería sorprender a nadie ya que tanto los populares como los de Abascal fueron eminentemente sinceros al inicio de las negociaciones. El propio Santiago Abascal siempre se ha pronunciado con una rotunda severidad con respecto a María Guardiola, candidata del PP para el Gobierno extremeño. Y Guardiola, a su vez, compareció ayer para expresar en un discurso vehemente y cargado de densidad política su convicción de no pactar con quienes «niegan la violencia machista» o «deshumanizan a los inmigrantes»; algo perfectamente congruente con sus declaraciones previas y sus reservas sobre Vox, pero que le enfrenta a una altísima responsabilidad ante sus votantes. La líder del PP de Extremadura, quien hizo valer su palabra dada, reivindicó también su soberanía decisioria y la autonomía territorial, afeando que Vox enviara a su portavoz nacional a negociar desde Madrid.
La aritmética de muchos territorios sitúa a Vox como socio preferente, pero no único, a la hora de formar gobiernos con el Partido Popular y es posible que los dos partidos estén obligados a entenderse después del 23J. Esa realidad no impone, sin embargo, que Vox deba considerarse un socio exclusivo ni que los términos de la negociación obedezcan a estándares comunes. En el caso de Extremadura, la circunstancia es esencialmente distinta a la de la Comunidad Valenciana ya que, como recordó la propia Guardiola en su intervención, el Partido Popular cuenta con 28 diputados y el 38,85% de los votos, mientras que Vox obtuvo sólo cinco diputados y un 8,12%. Frente al diagnóstico de la izquierda, que asume el pacto de Valencia como un acuerdo marco desde el que resolver las sucesivas negociaciones, lo ocurrido en Extremadura demuestra que cada territorio tendrá que arbitrar alianzas desde una geometría variable y atenta a la especificidad. Dicho de otra forma, el pacto era obligado en la Comunidad Valenciana donde el PP no ha podido recuperar la totalidad de la confianza perdida y por eso una parte sustancial de los votantes apuestan por la otra formación. En el caso de Extremadura lo que se ha dado es un salto cualitativo en las posibilidades del PP, hasta empatar en escaños al Partido Socialista, lo que en términos históricos significa que a Guardiola le ha llegado mucho exvoto socialista al que no quiere asustar.
Más allá de los programas de máximos y de la natural distancia programática e ideológica que existe entre Vox y el Partido Popular, sería un gesto de responsabilidad el que cada formación supiera dimensionar de forma realista el apoyo que los ciudadanos les han delegado y una forma de entendimiento que puede ser divergente según las circunstancias y los territorios. Nadie conoce a ciencia cierta cuál puede ser el coste y el desenlace de una nueva convocatoria electoral. Por eso mismo, PP y Vox debieran fijar con sentido común y altura de miras las prioridades. Repetir las elecciones no parece la mejor salida.
