La vivienda de nunca jamás

La delegación gaditana de Podemos utilizó su demagogia habitual para clamar contra la falta de vivienda digna y la supuesta asignación arbitraria de los pocos pisos públicos disponibles. A la vuelta de cuatro años, cuando aquellas palabras han podido convertirse en hechos, resulta que apenas ha entregado vivienda pública. Lo peor es que con esa incoherencia, con esa ralentización, se ha frenado la lucha contra la infravivienda.

Está directamente relacionada con la promoción de nuevos edificios que acojan temporal o permanentemente a los más desfavorecidos. Es posible hacerlo porque sucedió una vez. Es imprescindible porque Cádiz, con unas peculiaridades geográficas que la convierten en una ciudad única en España, no puede construir nuevas zonas urbanas ni siquiera en tiempos de bonanza económica.

Todas las administraciones públicas deben sumar sus recursos y sus esfuerzos para tratar de mejorar la oferta de vivienda. Desde medidados de los años 90 hasta casi el fin de la primera década de este siglo, esa colaboración fue posible. Fue casi competición. Administración local y autonómica rivalizaban por recuperar y mejorar pisos infames en los barrios más viejos . Luego se peleaban por colocar una placa arrogándose el mérito en la fachada pero eso resultaba indiferente a los vecinos que recuperaban la dignidad como inquilinos.

La falta de presupuestos y de ideas paró en seco ese proceso cuando apenas había alcanzado la mitad de sus objetivos. Desde 2008, apenas se ha movido nada y las fincas que se quedaron atrás presentan, como es obvio, un estado de conservación lacerante. Todos dicen estar dispuestos. Todos admiten que es necesario.

El Ayuntamiento no ha sabido hacer su parte –dentro de sus limitaciones– tampoco desde 2015 hasta ahora. En pocos proyectos, sólo educativos o sanitarios, podrá invertirse mejor el recuperado oxígeno financiero que en dotar a una ciudad llena de goteras y grietas, por sus muchos años, de pisos en los que las familias puedan decir que viven.