Venga usted pasado mañana

Vuelva Ud. mañana fue publicado por Larra en una revista satírica de costumbres en 1833. Siglo y medio después todo parece igual, yo diría que peor. Generalizar la jornada de la función pública en 35 horas, supondrá superarse a sí misma. Del vuelva Ud. mañana, pasaremos al vuelva Ud. pasado mañana. Larra expresaba así la pereza que define el modo de ser de los españoles, con independencia de la clase social. Lo circunscribía a la burocracia de las instituciones públicas, especialmente lenta y tediosa.

Las progresivas reducciones legales de las jornadas públicas, sobre la jornada existente con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y en particular con la jornada dispuestas a los funcionarios en otros países del entorno, imposibilitan un funcionamiento más eficiente y eficaz, que nos acerquen a patrones europeos. Muchas CC.AA han decidido saltarse a la torera la Ley de Presupuestos, que es la que no solo determina el índice de subida salarial de los sueldos de los empleados públicos, con independencia de la Administración territorial la que pertenezcan, sino que también determina la jornada máxima legal. De tal forma que ambos conceptos tendrán una aplicación homogénea en todo el Estado. Castilla-La Mancha lo hizo y su decisión recurrida y ganada ante el Tribunal Constitucional. Lo mismo, en el País Vasco y en Castilla León, cuyas decisiones se encuentran suspendidas cautelarmente en tanto se resuelven sendos recursos de inconstitucionalidad. Lo peor de todo esto es que se sabe que la competencia es estatal, y aun así las CC.AA deciden saltarse una vez más la Ley. Cuando digo que el principal problema de España es el relacionado con el cumplimiento de la Ley, no voy descaminado. Además, le diré otra cosa. La prevaricación supone tomar por una autoridad pública o servidor público en general, una decisión injusta e ilegal a sabiendas. La atribución estatal de la competencia es una obviedad administrativa. El TC ha sentenciado y ha dado la razón al Estado en el caso de Castilla-La Mancha. Por lo tanto se sabe quien detenta la competencia para una posible modificación y aun así se decide incumplir abiertamente la norma. Después nos quejamos de que el TC está saturado de asuntos. Faltaba Sunana, porque para corazón en la izquierda, eso sí con el dinero de todos, la de la Macarena. Y yo me pregunto ¿por qué 35 y no 20 horas?, según el absurdo razonamiento esgrimido por la no menos absurda Consejera de Hacienda de la Junta: «revitalizar los servicios públicos y nuevas contrataciones».

Las diferencias abismales entre el nivel de vida en los países desarrollados y los que no lo son, pude sintetizarse en el concepto «productividad», lo que exige examinar los numerosos factores que la determinan, entre ellos el del salario y la jornada de trabajo. El análisis pretendido parte de la definición del término «productividad», como la cantidad de bienes y servicios que puede producir un trabajador en cada hora de trabajo.

Las progresivas reducciones legales de las jornadas públicas, imposibilitan un funcionamiento más eficiente y eficaz de la Administración española en general. La Junta cuando Chaves, siguiendo a Mitterrand las implantó en un gesto de «generosidad» con el dinero ajeno. Entendiendo que ello posibilitaría el reparto de trabajo. Y con la intención de minimizar la bajada de la eficacia y eficiencia, diseñó un sistema de compensación vía subvenciones públicas, como no podía ser de otra forma, porque supongo no saben gobernar sin hacer un mal uso de ese fácil recurso, compensando como digo las pérdidas de productividad y consiguiente competitividad que la medida producía. Sólo la Función pública andaluza y las empresas concesionarias de servicios públicos adoptaron la medida. Pero, como decía la insigne ministra, «qué más da, si es público…y lo público no es de nadie». La Administración española necesita gestores que arreglen todo este entuerto. Personas arriesgadas, que se avíen con dinero escaso para la gestión, con previsibles sin sabores, sabiendo que serán vilipendiados por los que se oponen a los cambios que aspiren a la eficiencia y racionalidad. Pero claro, en el corto plazo, ni serán vitoreados ni recibirán honores. Los frutos de su gestión deben trascender al de la contienda electoral. ¿Quién se atreve a tan intrépida aventura? Creo que nadie. Así es la política en España: los contribuyentes, lo último.