Los vecinos avisaron

El Gobierno municipal que ahora cruza la mitad de su teórico periodo de mandato y el resto de formaciones políticas que forman el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz llegaron a esta etapa con la bandera de la participación y la transparencia. El tremendo cambio social derivado del 15M hacía obligatorio que todas las formaciones estén más y mejor conectadas con la ciudadanía, a pesar del rechazo creciente que la política partidista despierta. El fino hilo que mantiene conectadas ambas partes es el único vínculo.

Por esa evidencia resultó más llamativo que un amplio grupo de vecinos, hace ahora un año, denunciara que no había sido consultado antes de tomar la decisión de impulsar un plan de medidas de contenido social. El mes de mayo de 2016 se aprobaba por unanimidad la ordenanza reguladora de las ayudas al Programa de Alquiler Social. Es decir, todos los partidos la respaldaron y, por tanto, todos son responsables de su contenido en distinto grado. Resulta que un año después, justo 12 meses más tarde, sólo ha servido para cerrar un contrato. Es decir, un solo caso, una sola familia, se ha beneficiado de un proyecto que se presentó con el dramatismo habitual, con las prisas de siempre y con la carencia de rigor técnico que acompaña a este conjunto de concejales que lidera el alcalde José María González.

A todos ellos, incluso a la oposición, por tanto, cabe reprocharles que una federación de asociaciones de vecinos dijera entonces que no se contaba con la opinión de las entidades a la hora de elaborar esta ordenanza. Especialmente llamativo resultaba cuando la finalidad principal es favorecer el alquiler de viviendas en Cádiz a las personas más vulnerables de la ciudad, para que puedan tener un techo y también para que los propietarios puedan rentabilizar sus inmuebles con garantías de cobro y mantenimiento.

Sobra decir ahora, con la ventaja del tiempo, quién tenía razón en aquel debate: si los representantes municipales o los vecinos. Era evidente que el programa tenía graves carencias. Era obvio, además, que su opinión y sus experiencias debían ser incluidas para cotejarlas con los criterios de los técnicos de Vivienda, Asuntos Sociales, con los colectivos solidarios, administradores de fincas, propietarios, consumidores, la empresa municipal de la Vivienda (Procasa) o la Junta.

A ver si sirve de lección.