Unos funcionarios abandonados
Los trabajadores de las prisiones cada vez sufren más ataques mientras que sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas
Sólo reparamos en su presencia y su función cuando tenemos noticia de algún incidente grave . Por desgracia, en los últimos años eso sucede mucho más de lo previsible, de lo deseable. Para la mayoría de los ciudadanos son un colectivo invisible, personas que ... trabajan dentro de una oscura prisión, que no se ven, cuya labor no suele trascender salvo si ellos quieren contarla. Los funcionarios de prisiones llevan años reclamando más medios. Personales, es decir, que se cubran todos los cupos exigidos, y materiales. En los últimos meses sus denuncias se han incrementado al tiempo que ha aumentado, según alertan, la agresividad de los internos y el número de agresiones que «cada vez son más extremas».
Sin ir más lejos, el pasado día de Navidad en Puerto III , pero a menudo las hay similares en otros recintos portuenses o en Botafuegos . En una prisión o en otra, su diagnóstico es similar. Dicen sentirse «abandonados», que el Gobierno no les escucha y no ven la salida. Mientras, tienen que seguir cada día tratando con cientos de presos en cárceles cada vez más saturadas por el incremento de la población reclusa en la última década.
Justo eso es una de sus reivindicaciones más repetidas. La falta de medios para poder tratar cara a cara con estos reclusos. Cientos de agentes se despliegan, por ejemplo, en la desembocadura del Guadalquivir o en el Campo de Gibraltar. Sin embargo, esos delincuentes ingresan en prisión y esos medios desaparecen. Los funcionarios de prisiones reclaman refuerzos, material, apoyo y formación para poder realizar sus actividades profesionales de forma segura. Además penalmente se sienten desfavorecidos al no ser considerados agentes de la autoridad, lo que les supondría más protección cuando llegan ante los tribunales. Aseguran que esto hace que los reclusos no les tengan respeto y las agresiones que sufren apenas tengan consecuencias.
De ahí que sea necesario que el Gobierno tome de una vez en serio sus reclamaciones. Que les escuche y se ajuste a una realidad que sucede en la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país y que en la provincia, con cuatro prisiones, se está volviendo muy complicada.
