Tómbola de feria

Las elecciones se han convertido en un acto dadivoso. Unos más que otros, transmiten incesantemente como arreglarte la vida. Las pasadas españolas por la izquierda son caóticas económicamente hablando. Lo último que lo atestigua, son los «viernes sociales», que yo llamaría «viernes de dolores». Cada vez que gobiernan, dejan el país como un yermo. Disparar con pólvora ajena es sencillo.

Aunque dicen que la crisis de 2007 pasó, eso es incierto. Ha habido un cambio transitorio de tendencia en 2014, pero la situación no puede entenderse corregida y por ende la crisis en absoluto puede ser calificada como finalizada. El caso español así lo atestigua. La hacienda pública sigue estando fuertemente afectada. El déficit sigue siendo desproporcionado, máxime en esta situación de «interregno» en el crecimiento económico. La generación de la deuda en consecuencia sigue siendo incontrolada. La tómbola que supone unas elecciones, explica la situación. Un aumento del gasto público tiende a elevar las probabilidades de reelección de quien en ese momento gobierna. De igual modo, facilita alcanzar el poder al partido que lo pretenden desde la oposición. ¿Qué se vende entonces en unas elecciones? Sencillamente que los votantes recibirán los beneficios que suponen los servicios públicos que se ponen a disposición de la ciudadanía y que su coste será soportado por otros. Por ello, las elecciones democráticas llevan aparejado déficit y aumento de la deuda, desde la aparición en escena de la socialdemocracia. Transcurrido el tiempo, inexorablemente el votante termina dándose cuenta que todo era mentira.

En España, los pensionistas se encuentran en campaña electoral de forma permanente. Sin duda alguna en la Ría de Bilbao, todos los lunes al sol, reivindican que su pensión no pierda poder adquisitivo, pasa lo que pase. La sensatez de la reivindicación debiera ser exigir un mercado laboral eficiente, capaz de generar empleo, para poder financiar el sistema de pensiones. Porque el sistema que tenemos, es de reparto.

Esto nos lleva a explicar la dimensión del sector público. España se encuentra en una posición intermedia, por debajo de Francia e Italia y por encima de Gran Bretaña, Suiza e Irlanda. Utilizando la ratio Gasto Público/Producto Interior Bruto, la cantidad para el año 2017, según cifras de la Contabilidad Nacional es del 41%. La discusión que debiera ser parte del debate electoral, sería cual es el nivel óptimo del mismo, considerando las características económico-sociales de España. El óptimo debiera encontrarse en aquel punto en el que el beneficio marginal del gasto público, iguale al coste marginal de ese gasto. Significa ello que el gasto debiera dejar de crecer, cuando la última unidad de gasto público suponga un coste mayor que el beneficio generado. Lo que viene a demostrar que el gasto público en una determinada prestación, deja de estar justificado desde la racionalidad y eficiencia, cuando el beneficio que produce es menor que el coste producido vía presión fiscal, necesaria para su financiación. A ello hay que unirle un hecho indubitado: el Estado español no se caracteriza por ser eficiente en la gestión de lo “público”. Lo estamos viendo con lo acontecido durante cuarenta años en Andalucía. Por lo tanto, la protesta bilbaína debiera incidir en exigir la eficiencia del Estado en el gasto público. La subida del salario mínimo, considerando el actual modelo económico, es una decisión desacertada y demagógica. Su análisis debe hacerse considerando un mercado competitivo, ajustándose la oferta a la demanda en la búsqueda del salario de equilibrio. Otra vez más, la teoría económica nos indica que el salario es igual al valor del producto marginal del trabajo. Sí la subida salarial no va acompasada de un incremento del valor de lo producido, se produce una disfunción que exigirá renunciar a la producción. En caso contrario habría que asumir las pérdidas, lo que se contradice con la máxima económica de obtención de beneficios por las empresas en una economía de mercado. Ocurrirá y ya está ocurriendo, que en aquellos sectores cuyo valor añadido incorporado a la producción es casi inexistente, el empleo está abocado a dejar de existir. Ya se ha producido con el incremento del desempleo desde la subida del SMI. Eso sí que debiera preocupar a los de la Ría.