Ramón Pérez Montero
Supervivencia
Hace pocas fechas viví una de esas noches a la que le vendría como anillo al dedo aquello de ‘toledana’.
Hace pocas fechas viví una de esas noches a la que, por no sólo por el calor sofocante sino también por el carácter sorpresivo (a veces terriblemente sorpresivo) que tiene la existencia y, sobre todo, por el hecho de haber transcurrido en la ciudad Imperial, le vendría como anillo al dedo aquello de ‘toledana’. Tuve entonces ocasión de debatir con unos buenos amigos, dos de ellos jóvenes profesionales del derecho, sobre la base moral del sistema jurídico.
Sostenían ellos que tal sistema está firmemente asentado sobre pilares morales. Mi opinión, la contraria. Como he estado albergando dudas acerca de la claridad de mis argumentos, me decido a ponerlos por escrito. Les manifestaba que los principios de la moralidad, que, en su más alto grado de abstracción, consisten en optar por la bondad o la maldad (y se traducen en el aprecio o el menosprecio de las personas), no tenían cabida en el sistema jurídico. Este sistema solo puede enjuiciar los acontecimientos como ‘legales’ o ‘ilegales’ con respecto al código que él mismo establece. Está claro que una sentencia condenatoria no debe conducir a una descalificación moral del inculpado.
El objetivo del sistema del derecho, como de cualquier otro de los sistemas que conforman nuestra sociedad moderna, es, dicho en términos darwinianos, mantener su supervivencia frente a la competencia de los demás sistemas que buscan lo propio. Pensemos en la pugna del sistema económico que aspira a la libertad de mercado frente a las trabas estatales del sistema político que, en abierta ambivalencia, debe satisfacer tanto a los electores como al propio sistema que lo surte de recursos financieros. Piénsese en las investigaciones sobre células madre llevada a cabo por la ciencia. Los impedimentos éticos podrán imponerles cierto freno, pero jamás conseguirán transformar la verdad científica en falsedad, código que ampara a este último sistema.
Cada sistema lleva a cabo su propia descripción del mundo y sobre ella se sostiene. No nos queda otra que resignarnos a la multiplicidad de descripciones igualmente válidas del mundo que cada uno conforma, pues todos nosotros participamos o nos vemos afectados, de una y otra forma, por los procesos que se desarrollan en la mayoría de ellos.
Nuestra sociedad moderna no se rige por principios jerárquicos. La moral, por tanto, no constituye un principio primordial al que los sistemas deban atenerse. Súmese la propia volubilidad de los principios éticos. El sistema del derecho no puede operar reemplazando los deberes jurídicos por puros deseos o imperativos de aprecio o menosprecio moral.
Últimamente estamos comprobando cómo la presión ética está consiguiendo dirigir las operaciones jurídicas. Me refiero al caso de la llamada ‘violencia machista’. La reprobación moral de los agresores ha llevado a al sistema político a la promulgación de leyes estrictas para la protección de la víctimas. El sistema jurídico se ve obligado a aplicarlas, movilizando a las fuerzas policiales, en contra de sus propios principios de justo o injusto. Así, al tiempo que protege a las mujeres maltratadas, se comporta injustamente con aquellos hombres inocentes que dan con sus huesos en un calabozo en virtud de una simple denuncia. Se trata de una actuación a la desesperada del sistema político que, además de mostrarse manifiestamente ineficaz para atajar el mal, distorsiona el comportamiento del sistema judicial y, en el ajuste fino de la interrelación entre sistemas, produce aún mayor irritación en el conjunto de la sociedad. El fracaso de uno de los sistemas obliga al resto a adaptaciones exigentes para compensarlo.
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