EL APUNTE
De solución a problema
El actual equipo de Gobierno saltó a la fama por primera vez por oponerse a desahucios. Cinco años después los provoca con negligencia
Durante la década que termina, pocas palabras representaron de forma tan directa el drama social y personal derivado de la crisis económica preparada a fuego lento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El desahucio se convirtió hace unos diez años en un ... conflicto recurrente en la sociedad gaditana , en toda España. Algunos movimientos sociales y políticos emergentes trataron, con buenas intenciones o puro interés político, de beneficiarse del dolor que causaba en los afectados, en sus entornos y en el resto de la sociedad. El desahucio representaba la última y mayor consecuencia del abuso de un sistema económico cruel, inhumano, sobre los ciudadanos y las familias con menos recursos. Era fácil empatizar con cada víctima de cada caso, sin entrar a valorar las circunstancias. Se trata de la quiebra personal de perder la vivienda, el techo. Es un conflicto personal como pocos puedan sufrirse y los que lo padecen necesitan de toda la solidaridad de su entorno. El Gobierno municipal de Cádiz, a su llegada en 2015, trató de rentabilizar ese clima de indignación. Una de las primeras imágenes impactantes de aquellos debutantes concejales, hace cinco años, fue la de ser izados del suelo por miembros de la Policía Nacional cuando se oponían a uno de estos episodios en el casco antiguo. Casi 1.400 se ejecutaron en el aún reciente 2017 pero la actitud rebelde ya no se volvió a repetir en aquellos ediles.
La ideología que alzó a Podemos-Adelante hasta escaños y concejalías por toda España tenía en ese fenómeno uno de sus motores pero los sillones y las moquetas aplacan todas las iras, sean o no justas. La prueba del cambio es que ahora, en Cádiz, en el último tercio de 2020, mujeres desamparadas que son además víctimas de violencia de género y usuarias de los servicios sociales municipales, han recibido órdenes de desahucio por parte del Juzgado. Además de verse en el abismo de perder su vivienda, están solas y tienen menores a su cargo. El motivo, si se echa la vista atrás, aún es más paradójico: no pueden pagar sus alquileres por los retrasos en el pago de las ayudas que reciben de la delegación municipal de Asuntos Sociales .
El Ayuntamiento de Cádiz ha concluido el viaje en solo cinco años. Ha pasado de intentar, sin éxito, ser parte de la solución a los desahucios a ser integrante principal del problema de los que se ven abocados a ser expulsados.
