Sobre la presunción de inocencia

Cualquier opinión sobre la corrupción en los partidos políticos y las instituciones públicas resulta delicada. Todas las opiniones de todos los ciudadanos están contaminadas de justa indignación. En cada frase hay ojos ensangrentados de rabia legítima, vísceras que piden justicia. En ese escenario es muy difícil tirar de sensatez y entender que España es, ahora, un país menos corrupto que hace unos años. Aunque resulte obvio, no es evidente para casi nadie pero parece indiscutible que cuando las malas prácticas se persiguen se está más cerca de erradicarlas o reducirlas. Hace unos años, cuando nadie tenía esta sensación asfixiante de corrupción omnipresente, muchas de esas artimañas estaban en marcha, en pleno vigor, y no se hablaba de ellas.Ahora, a diario. Del mismo modo que resulta complicado defender esa tesis, también es muy delicado defender la presunción de inocencia. La sucesión de casos y su gravedad la convierte en una tarea titánica para el contribuyente. Es demasiado fácil dejarse llevar por el enfado y considerar que, de tantos casos, muchos serán realidades que acabarán en condena. El problema es distinguir cuales. Para eso, es necesario esperar. Caer en la precipitación y el nerviosismo casi nunca conducen a nada nuevo en la vida. En el análisis político, tampoco. Lo acaba de demostrar el Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y diputada del PP María José García-Pelayo. Se le investigaba por la contratación de empresas presuntamente ligadas a la trama Gürtel. El alto tribunal reconoce que existen «datos abrumadores» de irregularidades pero los entiende como completamente ajenos a la labor de la regidora. Ahora, nadie le quitará la pena de telediario, la de titulares y boletines de radio. Es el problema de la prisa y de la hipersensibilidad ante la corrupción. Bastante comprensibles ante el panorama, por otra parte. Pero inconvenientes.