Una sentencia para toda una era
La resolución del caso ERE hablará hoy de una etapa, de una forma de hacer política durante dos décadas
La Audiencia Provincial de Sevilla ha convocado esta mañana a las partes para dar lectura a la sentencia de la llamada pieza política de los ERE. Serán 21 de las personas más poderosas de Andalucía en el pasado reciente las que escucharán si, en opinión ... del tribunal, fueron unos delincuentes o, como sostuvieron en sus declaraciones, unos incautos que no sabían lo que firmaban. Si cometieron unos actos que merecen reproche penal o si, por el contrario, eran unos indocumentados que, a pesar de las apariencias de control político, no tenían la menor idea de lo que ocurría en las propias instituciones que dirigían. La nómina de los encausados da para hacer un almanaque de ‘gotha’ de la autonomía andaluza: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Francisco Vallejo o Carmen Martínez Aguayo, entre otros. La nobleza socialista sobre la que descansó el poder de la autonomía a partir de que expulsaran a Rodríguez de la Borbolla. Si todo se resuelve con mínimas condenas e inhabilitaciones, dada la edad y la situación de los encartados, la resolución tendría un carácter puramente simbólico. Y es una cuestión más cultural que legal o política. No es España un país que penalice las grandes responsabilidades colectivas. Los acusados no están en el banquillo por robar para enriquecer su patrimonio sino por haber diseñado, mantenido o no vigilado un sistema de compensaciones para crisis industriales pagado con fondos públicos que se convirtió en un arma política para engrasar intereses de partido. Durante la fase final de los años 90, se produjeron sonoros cierres de empresas que generaron un enorme daño reputacional al PSOE andaluz y que le desprestigió ante su electorado por primera vez. La respuesta fue crear una herramienta del presupuesto público quecebó situaciones que podrían calificarse de pillaje.
Las cifras que se barajan sobre la materia aseguran que el sistema repartió unos 700 millones de euros en el plazo de una década, parte de los cuales se dedicaron a beneficiarios fraudulentos. La pieza política, empero, tiene que dilucidar si el sistema se creó deliberadamente opaco con el objetivo de que pudiese asignar fondos por los designios del dedo que todo lo podía. El tema aquí es la naturaleza misma de la actuación de la Junta de Andalucía y no la de algunos comportamientos individuales.
