Sanidad enferma

Cada vez que se escarba en las vísceras de la sanidad pública andaluza se tiene la sensación de que sus responsables políticos llevan años, décadas, tapando agujeros en lugar de suturar heridas. Las plantillas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) son a todas luces insuficientes y lo peor es que durante los últimos ejercicios de poder socialista en la Junta han menguado de forma alarmante.

Finalmente, la cantidad de personal y la calidad de material repercute directamente en las salas de urgencias , en las listas de espera o, simplemente, en los consultorios de la Medicina de Familia. Los centros se hacen viejos, la tecnología no se renueva al ritmo necesario y no hay tantos profesionales en nómina para atender a una población que demanda, cada vez más, un servicio digno y, sobre todo, eficiente. Los recortes y los ajustes presupuestarios en esta década han llevado a la Junta de Andalucía a mantener un servicio sanitario que está cogido con alfileres y necesita de un apoyo económico importante que revierta en un mejor trato a los pacientes. La sanidad gaditana ha perdido en los últimos cinco años demasiados profesionales, pueden contarse ya por millares.

Las jubilaciones no reemplazadas, de un lado, o las incorporaciones a la sanidad privada, de otro, han dejado muy mermada a la plantilla del SAS. El cierre de camas en verano y durante las vacaciones de Navidad o el colapso que soportan algunos servicios para pruebas diagnósticas son solo problemas temporales en una crisis crónica que pone en tela de juicio la gestión política de nuestros hospitales durante los últimos diez años, al menos.

Las nuevas ofertas de empleo público publicadas por la Administración regional para cubrir puestos en el SAS tienen siempre más sombras que luces. Es lógico, por tanto, que tras los profesionales y los sindicatos, los siguientes en poner el grito en el cielo, a través del Defensor del Paciente, sean los usuarios, los ciudadanos, los contribuyentes.