Juan Casas Carbajo
Reforma de la Constitución
Si repasamos la historia del constitucionalismo español, la Constitución de 1978 es la más justa de cuantas ha habido, ya que fue elaborada no por un sólo partido, sino por todos los que habían concurrido a las elecciones generales
Sé de antemano que este artículo no resultará políticamente correcto para mucha gente, sobre todo para los políticos, pero como estamos en un país libre en el que se respeta la libertad de opinión y, como por otra parte, lo que voy a decir es un clamor popular me decido a publicarlo.
En una de mis visitas al urólogo, al ir a extenderme las recetas, me preguntó si ya me habían cobrado por alguna, a lo que respondí que a los funcionarios pensionistas no hacía falta que nos aplicasen ningún copago por ellas, porque ya lo estamos pagando, pues las medicinas nos cuestan los mismo que cuando estábamos en activo, ya que en ambas situaciones hemos pagado siempre el treinta por ciento de las mismas. Esta pregunta motivó el comentario sobre los recortes que el Gobierno estaba llevando a cabo, prácticamente desde que tomó posesión. No voy a enumerarlos porque son de sobra conocidos y sufridos por los ciudadanos.
Yo le dije a mi urólogo que no discuto que con ellos se reduzca la deuda, pero que la confianza de los mercados no va a venir por esta vía, simplemente porque estos no se fían de nosotros, por muchos recortes que se hagan, mientras no se organice de otra forma el Estado de las Autonomías, ya que se da el caso de que algunas no acatan lo que propone el Gobierno Central, y así es imposible recuperar la confianza. Mi urólogo me contestó que esa idea que le acababa de exponer es un clamor popular, pero que a pesar de eso los políticos no se enteran. Ambos estuvimos de acuerdo en que si no hacen caso a ese clamor popular, es porque a ellos no les interesa ya que perderían sus sueldos, al haber hecho de la política una profesión.
Últimamente, con motivo del problema catalán, ha vuelto a saltar a la palestra el tema de la reforma de la Constitución, que varios partidos la estaban reclamando ya y que incluso, si mal no recuerdo, iba en el paquete de acuerdos que el Partido Popular, Ciudadanos y el PNV, firmaron para que estos últimos lo apoyaran en la última sesión de investidura.
Si repasamos detenidamente la historia del constitucionalismo español, la Constitución de 1978 es la más justa de cuantas ha habido, ya que fue elaborada no por un sólo partido, sino por todos los que habían concurrido a las elecciones generales de junio de 1977 que, precisamente, fueron a Cortes Constituyentes. Todos participaron en proporción al apoyo que el pueblo español les había otorgado, pero todos lo hicieron.
Discutieron mucho y hasta algún partido abandonó la comisión cuando se estaban discutiendo alguno de los artículos, sobre todo el referido a la educación. Después volvieron y se siguió discutiendo para terminar con un acuerdo consensuado por todos. Es decir, que podemos afirmar con toda seguridad, que es la mejor de las que ha habido en España, porque fue elaborada por todos y, además, ratificada por el pueblo español en el referéndum celebrado el día seis de diciembre de 1978.
Pero el que sea la mejor, no quiere decir que tenga que ser eterna. Los tiempos y las costumbres cambian y es necesario que las leyes se actualicen. Por eso veo bien y conveniente que se pida una reforma de nuestra actual Carta Magna. Pero dicha reforma ha de hacerse de acuerdo con lo que dice la misma ley, para que pueda seguir siendo la mejor.
Y dicho esto y como más arriba he hecho una crítica a los políticos, al hablar de las autonomías, y, como para criticar algo hay que presentar alguna alternativa y no limitarse solamente a lo fácil, que es la crítica, a continuación expongo mi idea sobre dicha reforma y que, de llevarse a cabo, pienso se resolverían muchos de los problemas, que en estos momentos tenemos planteados; no solamente el económico, sino el de la organización del Estado, para que este vuelva a ser estable otros cuarenta años. Voy a proponer dos alternativas, para mantener el Estado de las Autonomías:
La primera es que las Autonomías sean despojadas de los poderes legislativo y judicial, quedándose sólo con el poder ejecutivo. Esto llevaría consigo la devolución de las competencias transferidas, ya que la única función del gobierno autonómico, sería la de gestionar los fondos que el Gobierno Central asigna a las autonomías. Cada consejero se encargaría del dinero de su competencia y de distribuirlo de acuerdo con las necesidades de la misma. No desaparecerían las Delegaciones provinciales que las distintas Juntas Autonómicas tienen actualmente, pero sí, como he señalado, el Parlamento y el Poder Judicial autonómico. Con un Congreso y una Justicia a nivel nacional tenemos suficiente, además ésta última sería la misma para toda España.
Tener veinte parlamentos y veinte poderes judiciales me parece no solamente, un auténtico derroche, sino una desigualdad entre los españoles, dependiendo de la Autonomía en la que vivan. Por ejemplo: en la actualidad hay autonomías que no cobran impuesto de sucesiones, pero otras sí lo cobran. Y no me negarán que esto es una clara discriminación. Hay más ejemplos, sobre todo en la educación, pero como dice el refrán, con un botón de muestra basta. Con esta alternativa los españoles ( y al decir españoles me refiero a los dos sexos) nos ahorraríamos mucho dinero. El del sueldo de los parlamentarios y el de sus colaboradores, porque en el poder judicial, prácticamente quedarían los mismos.
Pero para que esto fuera eficaz y justo, habría que aclarar con toda nitidez, los criterios de reparto de ese dinero, para evitar la discriminación a causa de los colores de los distintos gobiernos y de las distintas autonomías, ninguna deberá tener ningún privilegio sobre las demás.
Aclarado esto, la Autonomía recibiría del Gobierno central, el dinero que por sus características le correspondiese y el Gobierno autonómico gastaría ese dinero de acuerdo con sus necesidades. Unos se volcarían más en Educación, por ejemplo y otros en Sanidad, dependiendo de sus necesidades.
De esta forma habría autonomía en la administración del dinero, pero nos ahorraríamos los parlamentarios y los tribunales autonómicos y los cargos que éstos llevan aparejados. Sería una forma racional de gestionar el dinero de forma autónoma, pero siempre con unos criterios claros de control de gasto, para evitar el derroche y la corrupción.
La segunda alternativa, sería dejar los parlamentos y el poder judicial, pero sin transferencias, es decir, que el Estado central distribuya el dinero y sean los parlamentos los que aprueben a qué partidas se dedican en cada autonomía. Sería similar a la primera, pero más costosa, al mantener los puestos de los políticos.
Pienso que de cualquiera de estas formas seguiríamos dentro del Estado de las Autonomías que señala la Constitución, pero de una forma más racional y sensata. Espero que estas ideas les lleguen a los que pueden ponerlas en práctica, es decir a los políticos, tanto del Gobierno como de la Oposición.
Pero para que esto pudiera llevarse a cabo se necesitaría un consenso lo más amplio posible, tal como se hizo al elaborarla en 1978. Una especie de Pactos de la Moncloa, pero referidos a la organización del Estado de las Autonomías, que por otra parte es lo que está reclamando la Unión Europea.
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