Por un puñado de votos

Un grupo de trabajadores de Delphi, no todos, ha vivido nueve años de un calvario que representa por sí mismo la decadencia del sector industrial gaditano y el drama del paro estructural, crónico, de un porcentaje demasiado elevado de la población de la provincia. Especialmente, encarnado en los mayores de 50 años, que también forman el grueso de esos 236 exoperarios que se han quedado sin nada, absolutamente nada, tras casi una década de espera y reclamación.

Sus peticiones eran legítimas. La Junta de Andalucía, por tal de quedar bien de cara a las elecciones, les firmó un documento (dos, en realidad) en el que se comprometía a recolocarles. Así que ellos no han pedido más que lo suyo, lo que les aseguraron por escrito, lo que les corresponde. Si ese pacto era una quimera, cabe pedirle responsabilidades al que lo brindó porque le convenía. Casi diez años después de aquel verano de 2007 en el que cerró la factoría, 200 de las 2.000 familias siguen donde estaban pero con el agravante de haber pasado por meses de manifestaciones, asambleas y reuniones, tres años de encierro, tensión, incidentes y pérdidas irreparables: las de algunos compañeros que no pudieron aguantar.

En este tiempo, algunos han sido denunciados por incidentes en las protestas, otros han recibido reclamaciones por algunos de los subsidios cobrados e incluso el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz resolvió suspender las prestaciones que recibían. Es decir, cualquier auxilio económico, principalmente los raquíticos 420 euros de Ayuda Familiar, dejaron de entrar en sus casas, en esos hogares que ya quedaron rotos por la marcha de una factoría, por una fuga que la Junta de Andalucía pretendió tapar con un acuerdo electoralista.

Les prometió, les firmó, un pacto por el que se les garantizaban todo tipo de indemnizaciones, formación remunerada y recolocaciones. Ha pasado casi una década y los últimos afectados, los cientos que no han podido solventar su situación, se encuentran sin nada. Literalmente. Radicalmente sin nada. Es cierto que pudieron recibir un trato preferente respecto a otros desempleados, que les prometieron ayudas y salidas que ningún otro parado tiene. Pero fueron otros, los dirigentes de la Junta, los que redactaron y presentaron ese documento, los que se comprometieron a dar imposibles por tal de no perder un puñado de votos.